*Hay solución, pero nadie escucha
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEC, acusa que México sufre la peor situación alimentaria de los últimos 80 años y critica con severidad que a pesar de que hay solución, parece que el Gobierno se empeña en agudizar la pobreza en México.
Este es el documento que la ANEC mandó a nuestra redacción para dibujar la situación alimentaria en que se encuentra México.
El país enfrenta la peor situación alimentaria de 80 años: caída de la producción de alimentos en un 50 por ciento en 2011; precios agrícolas internacionales al alza; devaluación del peso frente al dólar –que encarece las importaciones-; elevación sin freno de la canasta alimentaria básica, e incremento de la pobreza alimentaria –eufemismo calderonista para no hablar del hambre y la desnutrición- y de la obesidad y el sobrepeso.
México se ubica en los primeros lugares de América Latina y el Caribe en inseguridad alimentaria y crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. Son los saldos de 30 años de neoliberalismo en la agricultura y la alimentación, incluyendo la década perdida de la alternancia de derecha.
Las catástrofes agropecuarias en 2011, derivadas de fenómenos climatológicos extremos, vinculados al calentamiento planetario, únicamente han profundizado la catástrofe provocada por las políticas agroalimentarias neoliberales y han proporcionado un pretexto perfecto al Gobierno federal y a los estatales frente al abandono del campo y su incapacidad para enfrentar los graves problemas.
Pareciera que en 2011 se hubieran conjuntado todas las adversidades climatológicas posibles: sequía en el norte, inundaciones y deslaves en el sur-sureste, heladas en Sinaloa y Sonora en febrero y en el Altiplano central en septiembre, temporal de lluvias irregular en el Bajío-Occidente… y sigue la racha en 2012.
Desafortunadamente, en el ciclo otoño-invierno 2011/12 el país no podrá recuperar las pérdidas en las cosechas de 2011 por la falta de agua suficiente en las presas, y por tanto el mercado agroalimentario continuará subabastecido, con una tendencia alcista en los precios a lo largo de 2012, con fuerte presión devaluatoria y un contexto internacional de gran volatilidad de los precios y crisis económica y financiera en la Unión Europa y Estados Unidos.
En el corto plazo (y en el mediano y largo también) la única respuesta que tiene el país para aumentar la producción de alimentos y mitigar la catástrofe agroalimentaria se encuentra en el ciclo de siembras primavera–verano 2012/12 (PV 2012) caracterizado por los minifundistas de temporal, en su mayoría de ascendencia indígena. Resulta paradójico que el sector al que se ha despreciado, abandonado y estigmatizado como atrasado, improductivo, ineficiente, flojo, etcétera, ahora sea el que tenga en sus manos, tierras, trabajo y conocimientos la salvación del país.
Efectivamente, los pequeños y medianos productores de temporal del Altiplano central, del sur-sureste, del Bajío-occidente y del norte son quienes pueden desplegar todo su potencial productivo negado por más de tres décadas de neoliberalismo y lograr una producción de alimentos suficiente para atemperar el desabasto y contener la escalada alcista en los precios.
El gran potencial del ciclo PV, y en especial del sur-sureste, ha sido apenas “descubierto” y reconocido por la Secretaría de Agricultura. Se trata de cuatro millones de unidades de producción con estrategias diversificadas de producción para el autoconsumo y los mercados regionales, con suficiente e incluso excesiva humedad, capaces de obtener dos o hasta tres cosechas al año, que han carecido de crédito, asistencia técnica y apoyos productivos, por no decir de inversión pública estratégica -social y productiva- y apoyos a la auto organización económica.
En el ciclo PV 2012 podría incrementarse la producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, avena) en al menos 25 por ciento como resultado de la puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento a la producción que incremente a la vez la superficie sembrada y cosechada, con el aumento sostenido en los rendimientos físicos, en la rentabilidad económica y en la sustentabilidad ecológica.
Debemos ser capaces de construir ahora una voluntad política del más alto nivel que involucre a todo el Gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales y las organizaciones campesinas y demás sectores productivos del campo. La voluntad política se construye con propuestas viables más movilización social.
Se trata de establecer un programa extraordinario de fomento a la producción alimentaria en el ciclo PV 2012 con los siguientes puntos:
1.- Apoyo sin excusa ni pretexto antes del 31 de enero a todos los productores agropecuarios afectados por las sequías en el norte, las heladas en el Altiplano central (Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) y las inundaciones-deslaves del sur-sureste. Apoyos para compensar las pérdidas, pagar los créditos al ciento por ciento y empleo temporal para apoyar los ingresos familiares y detener la hambruna, el crecimiento de la pobreza y la descapitalización. Si esto no se resuelve total y oportunamente, decenas de miles de productores caerán en cartera vencida y estarán imposibilitados de sembrar en el ciclo PV 2012. La responsabilidad es compartida entre el gobierno federal y los gobernadores. Los gobernadores no pueden eludir sus responsabilidades y la aportación de recursos estatales y limitarse a solicitar recursos federales para uso discrecional y político-electoral.
2.- Entrega garantizada de los apoyos del Procampo antes del 31 de marzo a todos los beneficiarios. Si para empezar los secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga, y de Hacienda, José Antonio Meade, no pueden poner en práctica esta vieja y fácil propuesta-demanda, no habrá nada más qué hacer respecto a los puntos siguientes. ¡Es preciso recordar que aún no se termina de pagar el Procampo 2011!
3.- Puesta en marcha de un programa federal especial tipo Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) para el fomento de la producción de autoconsumo en un millón de unidades de producción. De nada sirve un PESA como programa piloto ad aeternum.
4.- Puesta en marcha del programa federal de altos rendimientos en cuatro millones de hectáreas de mediano y alto potencial, incorporando los puntos siguientes:
A.- Cuadruplicar el acceso al crédito de avío para la producción de granos básicos por medio de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Rural (FR), con una reducción de las tasas de interés tipo Sinaloa resiembra, es decir, del 5.7 por ciento al productor.
B.- Los contratos de crédito deben estar suscritos a más tardar el 31 de marzo.
C.- Asignar recursos extraordinarios para: apoyos para encalado de suelos, diesel agrícola a la mitad del costo y ampliación de los seguros catastróficos, de los subsidios a la prima del seguro agrícola y de coberturas de precios.
D.- Dotar de recursos extraordinarios a organizaciones económicas campesinas locales y regionales –no a despachos- para asistencia técnica a ras de tierra, análisis de suelos y capacitación de campesino a campesino.
E.- Lo anterior debe lograrse con una reasignación y realineamiento de la multiplicidad de programas del presupuesto rural 2012. Los recursos deben reorientarse de manera extraordinaria en función del programa extraordinario.
5.- Urge incrementar en 20% el monto del componente alimentario del programa Oportunidades así como duplicar la cobertura del programa social de leche de Liconsa y de Abasto Rural de Diconsa, sin incrementar los precios. Asimismo, se requiere poner un programa de comedores comunitarios en todas las poblaciones de 50 mil o más habitantes.
6.- Se requiere conformar una comisión coordinadora de alto nivel del programa extraordinario conformada por titulares de secretarías de Estado (Agricultura, Hacienda, Desarrollo Social y Gobernación), la Comisión del Campo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y diez representantes de las organizaciones campesinas y demás sectores productivos vinculados al PV. Está comisión deberá reunirse semanalmente y será responsable del cumplimiento de las metas del programa. Entre otras tareas, deberá asegurar el suministro de los insumos para el programa, garantizando que se dispongan en el mercado en la cantidad, precio y oportunidad apropiados, sin especulación y sin transgénicos.
Estamos a tiempo. Es posible. Se requiere que el gobierno federal haga a un lado el autoritarismo y la inercia y deje de servir al dios-mercado y a las grandes corporaciones agroalimentarias. Si el movimiento campesino no es capaz ahora de presionar y obligar al gobierno federal, principalmente, y al Congreso de la Unión, tendremos que esperar hasta diciembre de 2012 a que un gobierno progresista, sensible y capaz establezca estas medidas
extraordinarias, pero sobre todo un cambio de modelo agroalimentario y de desarrollo rural.