La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, debe realizar una investigación exhaustiva, a fondo e imparcial, contra servidores públicos de esa entidad involucrados en el presunto delito de peculado, pues habrían autorizado el pago de facturas apócrifas a diversos proveedores de distintas dependencias estatales, y ante la sospecha de que los beneficiarios de esos pagos son “empresas fantasmas”, exigió el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco.
Dijo que de acuerdo con una investigación periodística realizada por el Diario de Yucatán, se ventiló que existen cuando menos 29 empresas que son proveedoras del Ejecutivo estatal, todas de reciente creación, pero que carecen de oficinas e incluso de teléfono.
“Se presume que son empresas fantasmas, y todas ellas pudieran ser presuntas responsables de participar en un aparente tráfico de facturas con dependencias públicas estatales, y en su conjunto se calcula que han recibido pagos por 35 millones de pesos cada año, desde que inició gestiones Ivonne Ortega”, acusó el Legislador.
Por ello, a través de un punto de acuerdo que presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, pidió al gobierno de Ivonne Ortega que en el ámbito de sus atribuciones, así como al Servicio de Administración Tributaria, fiscalicen a las empresas involucradas como proveedores del gobierno de Yucatán ante posibles delitos fiscales en contra del erario público estatal.
Entre esas compañías están Jamil Productos y Servicios S.A. de C.V., Especialización de Servicios Comerciales S.A. de C.V., Lenin Amílcar Ham, Asesoría y Comercializadora Zavach S.A. de C.V., Condimat S.A. de C.V., Medmex Productos y Servicios S.A. de C.V., Diseños, Arquitectura y Tecnología S.A. de C.V., Administradora Multiempresarial del Sureste S.A. de C.V., El Mar de Ray S.A. de C.V. e Integradora de Yucatán, S.A. de C.V.
Un ejemplo de lo anterior, añadió, es la empresa Jamil Productos y Servicios S.A. de C.V., que se fundó el 13 de julio de 2009 y que en su acta constitutiva afirma que se especializa en limpiar edificios.
Abundó que gracias a las investigaciones del Diario de Yucatán, se sabe que de enero a septiembre de 2010 la empresa Jamil Productos y Servicios S.A. de C.V., emitió cinco facturas por 3 millones 859 mil 600 pesos, todas por el concepto de “servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno”.
“El mismo día en que llegaron los pagos al banco, los directivos de Jamil firmaron cheques de caja para retirarlos en efectivo, y según fuentes bancarias consultadas, ésta no es una operación común entre empresas que trabajan legalmente. ‘¿A dónde fue a parar ese dinero?, seguramente a la bolsa de quien emitió los cheques’, acotó.
En la exposición de motivos de su planteamiento, precisó que los funcionarios que pudieran estar involucrados en este asunto son los secretarios de Fomento Agropecuario y Pesca, Alejandro Menéndez Bojórquez; de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas; y el coordinador de Comunicación Social, Jesús Rivero, quienes fueron denunciados penalmente por los delitos de peculado y fraude genérico.
Por los actos descritos, Rodríguez y Pacheco apuntó que la sociedad yucateca se encuentra indignada por la opacidad para rendir cuentas sobre la eficiencia y eficacia del gasto público estatal, la falta de transparencia y gestión del gasto público del Ejecutivo estatal, y más todavía cuando la gobernadora minimiza lo ocurrido y evade su responsabilidad, ya sea directa o indirecta, en la presunta comisión de actos delictivos por funcionarios de alto nivel de la actual administración.
“Conmino a la titular del Poder Ejecutivo local a realizar una investigación exhaustiva sobre las presuntas anomalías relacionadas con proveedores y pago de facturas de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del estado y de la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal, entre otras dependencias.
“Recordemos que la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación para alcanzar el fin último que es el bien común”, concluyó.