Tras concluir los trabajos del “Foros de la Sociedad Civil, Desaparición Forzada de Personas y Tortura”, celebrados este 8 y 9 de abril, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara y José Luis Esquivel Zalpa dieron a conocer los resultados de dicho encuentro, los cuales se enmarcan en el compromiso del Poder Legislativo para contribuir decididamente a materializar leyes que respondan al contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
En este foro se dieron cita funcionarios públicos del área de derechos humanos, analistas de estadísticas sobre desaparecidos, académicos especializados en materia de derechos humanos y derecho humanitario, representantes de organismos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos como el Obispo de la Diócesis de Saltillo, José Raúl Vera --quien dejó una propuesta legislativa ciudadana en materia del Foro--; además, se contó con la presencia de familiares y víctimas de tortura y desaparición forzada.
Las siguientes son algunas de las expresiones que se dieron en el marco de los Foros de la Sociedad Civil.
Que la desaparición forzada de personas es una práctica para sembrar terror y mantener controladas a las personas, particularmente donde existen riquezas naturales, cuyos actos criminales son funcionales al Estado y de los que se benefician el crimen organizado y las trasnacionales.
Que la tortura es una práctica generalizada en el país.
Que persiste incumplimiento de obligaciones del Estado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
4. Que resulta alarmante que las desapariciones de personas continúan durante la presente administración y que la cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto representa el 60% del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Felipe Calderón.
Que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones, se encuentra rebasada y enfrenta dificultades estructurales.
La necesidad de información pública sobre los instrumentos de búsqueda en vida e identificación forense, tales como el Convenio entre la Secretaría de Gobernación y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Plan Nacional de Búsqueda, la Red Nacional de Búsqueda y el Dispositivo de Búsqueda Urgente.
La falta de protocolos estandarizados a seguir tras el hallazgo de fosas clandestinas en el país, identificación y notificación de los hallazgos a los familiares, así como la falta de personal pericial especializado en antropología y arqueología forense.
Se puntualizaron las deficiencias en la garantía de los derechos de las víctimas, y el retroceso en estándares establecidos en la Ley General de Víctimas, la falta de implementación de la figura de ausencia por desaparición y advierte que persisten las violaciones a los derechos de las víctimas en la investigación penal de los casos de desapariciones.
Las medidas tomadas por el Estado mexicano son insuficientes frente a la dimensión del problema de la desaparición forzada y persisten grandes deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que implica la Convención y las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
10. Se dio un compromiso público del diputado presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputaos de impulsar una reforma al Código Penal Federal para adecuar el tipo penal de Desaparición Forzada de Personas al estándar internacional, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril de 2015.
11. Que se presentará una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 73 de la Constitución para que pueda existir una Ley General de Desaparición Forzada de Personas, que sea aplicable en todo el territorio nacional.
12. Todo lo anterior, en el contexto de crisis en materia de derechos humanos que vive el país y la crítica permanente en los planos interno y desde el exterior, ante las políticas erráticas o ineficaces del gobierno mexicano; la falta de compromiso con la verdad en las investigaciones para dar el con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; los informes dados a conocer por el Comité contra la Desaparición Forzada y del relator contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, así como la segunda visita oficial de comité de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).