En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados fueron presentadas ocho iniciativas de reformas a diversos ordenamientos relativos a créditos hipotecarios, cultura física y deporte, vivienda, justicia, personas con discapacidad, presupuesto y desarrollo social.
Traspaso de créditos hipotecarios
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) presentó una iniciativa de reformas a los artículos 6° y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado para reducir los costos asociados a la subrogación o al traspaso de crédito hipotecario a la vivienda.
Con esta iniciativa, signada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, se propone prohibir el cobro de penalizaciones y que los costos registrales y aranceles notariales no sean proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación, así como establecer convenios de coordinación entre la Secretaría de Economía y los estados y municipios para ese fin.
Explicó que la subrogación o traspaso de crédito hipotecario es un derecho para el cliente y una obligación para las entidades, que está prevista en la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito, sin embargo, al tramitarlo se opera como un nuevo crédito y genera costos ocultos que desalientan al cliente a cambiar de entidad y limita la competencia. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Proponen cambio de nombre a Comisión
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) propuso modificar el artículo 39, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar la denominación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por la de “Atención a Personas o Grupos en Condición de Vulnerabilidad”.
En la iniciativa, turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señala que se busca ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, que “los hace pertenecer a este tipo de grupos”. Explica que el concepto de vulnerabilidad se aplica a sectores de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Fomento a práctica deportiva
Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Carlos Humberto Castaños propuso reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la Comisión Nacional del Deporte pueda detectar talentos deportivos y les brinde apoyos en efectivo, especie, capacitación, asesoría, asistencia, alimentación, seguros, educación y gestoría para hacer atractiva la práctica del deporte y buscar la excelencia.
México es el segundo país con más obesidad y sobrepeso, lo que ha reducido 15 por ciento la expectativa de vida, que actualmente es de entre 75 y 78 años, pero de mantener la nula actividad física “más de la mitad de la población no llegaría ni a los 60 años de edad”. Por ello, consideró necesario generar una cultura deportiva que contrarreste esos efectos y contribuya a la formación y detección de talentos deportivos. Se envió a la Comisión de Deporte y Presupuesto y Cuenta Pública.
Crear Instituto de Fondo de la Vivienda
Más adelante, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) planteó modificaciones a diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la expedir la Ley del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores del Estado.
Propone transformar el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado (Fovissste) en el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de administrar el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores y el otorgamiento de créditos hipotecarios para los derechohabientes del ISSSTE. Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Definición de desaparición forzada
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) planteó reformar el artículo 215-A del Código Penal Federal para incorporar la definición del delito de desaparición forzada, a fin de tener una tipificación adecuada.
La reforma establece que se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Se mandó a la Comisión de Justicia.
Programa de apoyo para personas con discapacidad
Por su parte, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán (PT) presentó una iniciativa que modifica el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que la Secretaría de Desarrollo Social promueva la creación de un Programa de Apoyo Económico para estas personas, el cual consistirá en una mensualidad equivalente a quinientos pesos.
Explicó que dichas personas deberán presentar un certificado médico emitido por una institución pública la cual certifique el estado médico. Comprobar tener entre 0 y 17 años de edad. En el caso de los mayores de edad (entre 18 y 69 Años de edad) demostrar clínicamente que tienen un impedimento total para realizar un trabajo que les genere una percepción económica. Se canalizó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Entregar a tiempo recursos para proyectos estatales
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) propuso cambios a los artículos 77, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de que los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas para proyectos a través de reglas de operación, sean entregados en tiempo y forma, con pagos puntuales de manera que se eviten los subejercicios.
Recalcó que es necesario generar acciones para inhibir que al final del año se ministren a las dependencias, entidades federativas y beneficiarios, el mayor porcentaje de recursos, afectando la creación y desarrollo de actividades productivas y generación de empleos. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Política de desarrollo social con imparcialidad
Por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios presentó cambios al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que la política de este sector se sujete a principios de imparcialidad.
Lo anterior, garantizará que en las etapas de concepción, diseño, gestión y evaluación de la política de desarrollo social no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ninguna perspectiva filosófica, teórica o metodológica, así como ningún interés legítimo de tipo regional, demográfico, cultural, político o electoral de los actores involucrados en la construcción de dicha Política. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.