Es urgente un programa de apoyo a los trabajadores que cuentan con un crédito de vivienda y no pueden pagarlo, toda vez que miles de familias han perdido su patrimonio y otras se encuentran en estado de indefensión, señaló el diputado Fernando Jorge Castro Trenti.
Refirió que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), asignó más de 957 mil créditos, de los cuales 252 mil están en cartera vencida; de estos últimos, más de 110 mil han sido declarados incobrables, lo que puede provocar que los trabajadores pierdan su patrimonio.
Tal situación, precisó, se agrava porque el Infonavit vendió más de la mitad de estos créditos incobrables a despachos de cobranza, extranjeros en su mayoría, por un monto menor al 10 por ciento del valor del crédito, lo que provocó que más de 75 mil viviendas hayan sido abandonadas.
Por ello, Castro Trenti presentó un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Hacienda y Crédito Público para solicitar al Ejecutivo federal que se aplique una estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador, para beneficiar a más de cinco millones de familias, dentro del Presupuesto de Egresos de 2013.
En el documento se solicita al Infonavit y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), suspender todo procedimiento jurídico cuya finalidad sea despojar a los trabajadores de sus viviendas, y en particular, “de aquellos que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos, ya sea por desempleo o falta de recursos”.
Castro Trenti detalló que en la actualidad hay nueve millones de trabajadores que cotizan en el Infonavit y, de éstos, cinco millones cumplen con los requisitos para ejercerlo, “pero se han abstenido de reclamarlo porque representa una deuda impagable y no un patrimonio familiar”.
Resaltó que del 2005 a la fecha, se ha despojado de su vivienda a más de ocho mil trabajadores, y 59 mil más han caído en cartera vencida, por lo que en un plazo no mayor de tres meses enfrentarán un cúmulo de juicios.
Ante ello, subrayó, es necesario establecer una agenda en materia de vivienda que abarque no sólo a los organismos públicos como Infonavit y Fovissste, sino a los desarrolladores e instituciones financieras, a fin de hacer efectivo este derecho constitucional al acceso de una vivienda digna.
Destacó que el artículo 123, fracción XII, Apartado A, de la Constitución Política, precisa la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, “obligación que parcialmente se hizo efectiva hasta 1971, tras más de 53 años de lucha para hacer realidad ese derecho”.
El diputado enfatizó la urgencia de establecer un programa de apoyo a los trabajadores que actualmente cuentan con un crédito de viviendas de interés social, ya que “instituciones como el Infonavit y el Fovissste se han convertido en lucrativos negocios de inmobiliarias, desarrolladores e instituciones bancarias”.