El diputado Miguel Antonio Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud, presentó un proyecto de reformas a la Ley General de Salud para pugnar por la transparencia y rendición de cuentas en el uso y aplicación de todos los recursos para la salud en el país.
La iniciativa pretende impulsar el combate a la corrupción y la homologación de criterios respecto de los recursos públicos que son ejercidos por las entidades federativas, los municipios y la Federación; en particular en los procesos relativos a licitaciones en materia de medicamentos, insumos para la salud y contratación de servicios.
Para lograr dicho cometido se plantea utilizar como instrumento y plataforma el Consejo Nacional de Salud, que ya existe –creada mediante acuerdo presidencial- y que opera como instancia de coordinación de salud entre el gobierno federal y los estatales, para que sea en el seno de dicho Consejo donde se defina una misma política en la materia.
El proyecto legislativo persigue, entre otras, las siguientes finalidades: homologar y unificar las prácticas y procesos; evitar la corrupción, brindar una mayor transparencia y procurar que las entidades federativas y la Federación cumplan con los mismos estándares, así como generar ahorros y economías, al igual que desincentivar los dispendios y combatir desvíos de recursos.
La propuesta nace de la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho y merece no sólo conocer el destino de los recursos públicos, sino tener la certeza de que son ejercidos y canalizados adecuadamente y con apego a la legalidad, y cuando todo lo anterior involucra recursos para la salud, mayor importancia adquiere el tema.