El Instituto Federal Electoral está obligado, por ley, a esclarecer lo relativo al Fondo de Modernización Inmobiliaria que no aplicó en el ejercicio fiscal del presupuesto del 2010 y que hasta el momento continúa presentando irregularidades, advirtió el senador Javier Orozco Gómez.

Subrayó que la credibilidad y honestidad que por años ha mantenido el Instituto Federal Electoral, en el manejo de los recursos públicos, se encuentran cuestionadas ante el “guardadito” o “cochinito” de 348 millones de pesos relativos al Fondo de Modernización Inmobiliaria.

Dijo que aún está en entredicho si se autoriza que el IFE se quede con esos recursos y subrayó que el Instituto paga renta por 655 inmuebles, independientes de la sede del IFE, lo que asciende a 17 millones de pesos mensuales.

Y cuestionó: ¿Existe un plan para resolver el problema de las rentas? ¿De existir, cuántos edificios incluye y qué oficinas se piensa reubicar?

El senador Orozco Gómez destacó que estos cuestionamientos en torno a la administración del titular del IFE, se suman al de si existe algún órgano externo independiente de la Contraloría que vigile los procedimientos de compra venta.

“De qué manera se garantizará que no se paguen sobreprecios o inmuebles en mal estado que haya que reparar como hasta ahora ha acontecido”, insistió.

Rechazó la actitud del presidente consejero del IFE, al asegurar que pretende sacar adelante un reglamento de réplica y otro de publicidad gubernamental, es decir, “intenta legislar los artículos 6º  y 134° de la Constitución, mediante un “albazo legislativo”, advirtió.

“El consejero presidente del IFE, se ha convertido en un “jugador plurifuncional”, ya que lo mismo hace trabajo de operador político, que de legislador o administrador”, recalcó.

Finalmente, el legislador aseguró que la Auditoría Superior de la Federación fue muy clara con el IFE, al recordarle que la normatividad presupuestal obliga que los recursos no gastados o ejercidos, en este caso los 348 millones, sin considerar el concepto o tipo de asignación, se deben devolver a la Tesorería “para que no anden bailando”, concluyó.