La corrupción en México se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.
Así lo denunció el diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño, al solicitar la palabra para demandar, desde la tribuna parlamentaria, que el Congreso de la Unión debe atender una de las mayores exigencias de los ciudadanos, que es acabar con este vicio de la corrupción, “el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado”.
Aquí sus palabras textuales: “México ocupó en 2011 el segundo lugar, tan sólo superado por Haití, en corrupción en Latinoamérica. Es así que el rezago económico del país no se debe a la falta de recursos, sino al destino de los mismos.
Durante sus informes, el gobierno federal ha sido muy puntual en recalcar que los ejes que dirigen su administración son la responsabilidad y austeridad. Esto sólo se puede presenciar en teoría pues en sus acciones el Ejecutivo dista abismalmente de esta postura.
Si algo puede caracterizar al gobierno saliente no es la austeridad.
Debido a este panorama, creemos que una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental no es algo deseable, sino urgente. Este primer esfuerzo cuenta con elementos valiosos que, gracias a las correcciones del Senado, tendrán un impacto positivo, sin embargo, no es suficiente.
Resulta relevante la imposición de candados a las entidades federativas y municipios en los gastos que realizan con lo obtenido a través de aportaciones federales. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.
La deficiencia en la reforma ocurre cuando no se sigue la misma lógica de fiscalización estricta con el ejecutivo federal. Si bien se monitorea de manera eficiente a los estados, municipios y delegaciones, en el caso de este nivel de gobierno no se aplica la misma transparencia.
La distribución del Presupuesto por Destino del Gasto en el 2012 se dividió en un 33.2 por ciento a organismos y empresas, 27.9 por ciento a la administración pública centralizada, 27.9 por ciento a gastos federalizado, 9.0 por ciento al costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios anteriores y 2.0 por ciento a poderes y ramos autónomos.
Con base en lo anterior, podemos observar que se otorga aproximadamente el mismo monto de recursos, provenientes del pueblo, al gasto federalizado y a la administración pública centralizada, por lo tanto se debe ser igual de estricto con la fiscalización impuesta a ambos.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de está H. Cámara de Diputados ha trabajado y ha hecho un gran esfuerzo que se traduce en una mejor administración de los entes públicos. Es necesario que este primer paso no termine aquí y que se continúe ahora con la regulación a la información financiera en el ámbito Ejecutivo Federal.
Sólo fomentando la transparencia y la publicación de la información integral podremos terminar con una situación que nos ha rebasado. Nuestro deber es el constante mejoramiento de las leyes y lineamientos que nos rigen como sociedad. Basta ya de privilegiar a algunos sectores, basta ya de la corrupción en todos los niveles gubernamentales.
De tal manera que nuestra bancada, entendiendo que este decreto todavía es insuficiente pero representa un gran avance, votaremos a favor, pero los invitamos a que con altura de miras y no solamente en coyunturas electorales podamos ir por el gran pendiente que tiene la transición mexicana, que es la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.