La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, exhortó a los titulares de los poderes Ejecutivo federal, ejecutivos estatales y del Distrito Federal, así como a los Tribunales Superiores de Justicia y a los congresos de las entidades federativas, a que observen el principio del interés superior de la niñez, a fin de asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, a través de un punto de acuerdo, la legisladora por Nayarit señaló que, de acuerdo con cifras del INEGI, aproximadamente del 67.3 por ciento de las madres solteras del país no reciben pensión alimenticia para sus hijos menores, a pesar de que en algunos casos así lo ha determinado la autoridad judicial, lo cual implica que no se protege este derecho de la niñez.
“En la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se han recibido diversas gestiones donde las madres solteras solicitan apoyo, para que los deudores alimentarios cumplan con el pago de las pensiones alimenticias para sus hijos”, agregó.
García Gómez dijo que el derecho a la alimentación se encuentra considerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en Nuestra Carta Magna, por lo cual destacó que es apremiante que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten las medidas necesarias para la protección del derecho de la niñez y la adolescencia a recibir alimentos.
“Las medidas que tomen los órganos, instituciones administrativas, judiciales y legislativas han de observar el interés superior de la niñez para que se garantice el derecho a recibir alimentos, y es que la niñez y la adolescencia en México, lejos de gozar de un Estado de derecho que se consagra en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación, lo cual representa una vulneración a sus derechos fundamentales”, apuntó.
En nuestro país, concluyó, se requiere del respeto, la garantía y la defensa firmes de los derechos de la niñez y la adolescencia, ya que se trata de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.