La Cámara de Senadores hizo un llamado al presidente Felipe Calderón para que a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, informe sobre las medidas implementadas para prevenir la trata de personas en el país, especialmente de menores.
El reporte deberá incluir los avances en las investigaciones de denuncias por estos delitos.
Al presentar el acuerdo, el senador Silvano Aureoles Conejo subrayó que el delito de trata de personas es uno de los negocios ilícitos más rentables en el mundo, que se compara solamente con el narcotráfico y el tráfico de armas.
De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) --explicó-- la trata de personas genera aproximadamente 32 mil millones de dólares al año.
Hizo notar que a pesar de que la práctica no es nueva, ha tenido un repunte en las últimas décadas por las condiciones económicas y de marginación que sufren muchos países a causa de las crisis económicas, problemas sociales y problemas raciales.
En el panorama nacional, expuso, las cifras que se conocen no son nada halagadoras dado que sigue siendo un fenómeno que lacera física y mentalmente a miles y miles de personas, sobre todo de niñas y niños; mientras que a nivel internacional existen alrededor de 2.5 millones de personas que son captadas cada año para ese fin.
Aureoles Conejo dijo que la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, informó que de febrero de 2008 a septiembre de 2011 atendió a 895 víctimas de trata, únicamente menores.
Esta cifra, añadió, contrasta mucho frente a los 16 mil niños víctimas de trata de personas que la CNDH da cuenta en su informe de actividades 2011.
Por su parte, el senador panista Guillermo Tamborrel Suárez, quien habló a favor del acuerdo expuso que la trata de personas sin duda es un reflejo de la barbarie en la que puede caer el ser humano.
Recordó que en el Senado se aprobó una reforma constitucional que garantiza el anonimato de las víctimas, sobre todo cuando se trata de menores de edad y también que el delito fuese catalogado como “grave” y cupiese en figuras como el arraigo.