La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, reafirmó la importante necesidad de que el Gobierno Mexicano garantice un verdadero Estado de Derecho para todos los mexicanos, mediante la aplicación de la ley en el caso de Odebrecht.
Para ello, propuso la creación de la Comisión de la Verdad, integrada por personas con “alta calidad moral”, a fin de fortalecer el Estado de Derecho.
“México debe dar un ejemplo de transparencia y combate a la corrupción, que ha sido por muchos años un verdadero cáncer en América Latina, el caso Odebrecht ha destapado a funcionarios de diversos países latinoamericanos y ha puesto al descubierto en mucho de los casos a países débiles en el ejercicio de la ley”, señaló Gutiérrez Yáñez.
Ante tal situación, exhortó al Gobierno Federal a dar un verdadero giro y demostrar que la Ley debe aplicarse para todos y garantizar un proceso justo y libre de arbitrariedades.
Puntualizó que el Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina sobre la constructora brasileña que habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países como Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Dijo que la corrupción en América Latina y especialmente el caso Odebrecht ha provocado un golpe severo a la democracia y a los Derechos Humanos, tal como los de descrito el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque la empresa pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina y México no fue la excepción.
Gutiérrez Yáñez enfatizó que los delitos que realizan altos funcionarios, especialmente los relacionados a actos de corrupción, afectan gravemente los Derechos Humanos porque el Estado dilapida grandes cantidades de dinero y no invierte en educación, vivienda, seguridad, salud, infraestructura y muchas necesidades que la población necesita, por lo que los ciudadanos pierden la confianza en el Estado y merma la estructura del sistema democrático.
Por ello, aseveró que estos actos de corrupción alimentan al crimen organizado ya que el Estado se debilita en la impartición de la justicia, por lo que es necesario que el gobierno mexicano deba garantizar el estado de derecho en contra de la corrupción mediante la creación de una Comisión de la Verdad, que sea integrada por personas de alta moralidad emanadas de universidades, organizaciones civiles y peritos especializados.
La idea, dijo Gutiérrez Yáñez, es fortalecer el Estado de Derecho y de recuperar la confianza a fin de generar un ambiente paz y armonía en busca del mejor desarrollo para México.
Exhortó al Estado mexicano para que fortalezca políticas de transparencia y que realice auditorías constantes con el fin de que los ciudadanos tengan de conocimiento en que se emplea el dinero que aportan a través de sus contribuciones.
Destacó que es necesario que el sistema Judicial y otros órganos de gestión Jurídica como la fiscalía, deben ostentar independencia y autonomía plena para que el ejercicio de sus funciones.
Aseveró que el Caso Odebrecht no debe ser un “circo mediático”, ni debe politizarse, si no que México debe demostrar que las Instituciones impartidoras de justicia cumplan con los estándares internacionales a los que México ha ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Describió que la corrupción puede tener repercusiones devastadoras sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad, sobre la base de la igualdad de los bienes y servicios vinculados a los derechos humanos, por lo que es necesario combatirla desde la educación y promover acciones de prevención en los niños, niñas y adolescentes quienes serán los próximos funcionarios.
“La corrupción violenta a los derechos humanos y es devastadora, ya que genera altos grados de desigualdad, por eso no debe de existir impunidad”, concluyó.