*Integrar a la sociedad civil en lucha por seguridad

Es necesario que la sociedad civil organizada participe en la estrategia nacional contra la inseguridad pública que llevan a cabo las instituciones federales, estatales y municipales agrupadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y prevenir así la comisión de delitos y la violencia social.

Para ello propongo reformar el párrafo X y los incisos c) y d), y adicionar el inciso f), del artículo 21 de la Constitución Política, para facilitar que la misma sociedad apoye en esas tareas debidamente acreditada y regulada ante las instituciones respectivas, mediante los procedimientos y reglamentos internos secundarios que conforman dicho Sistema.

La seguridad pública es una de las funciones rectoras del Estado más importante, porque ha tenido como finalidad la de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Los fines de la seguridad pública se precisan entre las siguientes actuaciones: prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en las respectivas esferas de competencia de las autoridades en la materia.

Considero que esas funciones también alcanzan a la institución constitucional de reinserción social de las personas privadas de la libertad, así como del sistema de justicia integral para adolescentes.

Así, la misión de las autoridades competentes en materia de seguridad pública es la realización de su función en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, quedando a su cargo el combate a las causas que dan origen al fenómeno delictivo, a través del desarrollo de programas y acciones que fomenten en la colectividad valores culturales y cívicos que permitan un ambiente de respeto a la legalidad.

Los programas oficiales han pretendido, con ciertas limitaciones, establecer los lineamientos que contienen estrategias y planes generales, en los cuales se ha involucrado a la sociedad civil, organizaciones sociales y a diferentes instituciones del sector público, con la finalidad de disminuir las causas de generación de hechos delictivos que se encuentran en el interior de nuestra sociedad, dirigidas a los ámbitos educativo, social y cultural.

Las actividades realizadas por las instituciones del referido Sistema, en coordinación con la participación de la sociedad civil, se aplicarían los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, transparencia, objetividad, rendición de cuentas, máxima publicidad, interdependencia, eficacia y eficiencia.

De ahí la importancia de construir el camino para la participación de la sociedad civil organizada, propiamente la ciudadanía, que se encuentra en cualquier nivel capacitada para intervenir, coordinar e involucrase, con la debida responsabilidad y profesionalidad, en las delicadas tareas de prevención, persecución e investigación de los delitos.

Tengo la seguridad de que existe verdadera preocupación por parte de mis compañeros legisladores federales, para que la construcción de mecanismos de paz continúen dentro de la esfera de cooperación y unidad entre sociedad civil y gobierno.