*Declaración 3 de 3 en materia de violencia de género
Exhortamos a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades donde habrá comicios este año, a que exija la declaración 3 de 3 en materia de violencia de género a los candidatos a un puesto de elección popular y confirmen la veracidad de la información.
Asimismo, solicitamos a las autoridades judiciales y a las fiscalías de las entidades proporcionen la información necesaria para que los organismos electorales la contraste con lo declarado por los aspirantes.
También solicitamos a los institutos electorales locales y a las autoridades de impartición de justicia a que coadyuven en la revisión de los formatos 3 de 3 contra la violencia”, señaló en conferencia de prensa, acompañada por diputadas y diputados de su bancada.
Esta declaración es una propuesta que nació en la Legislatura pasada y el Instituto Nacional Electoral la acogió como una medida aplicable a los partidos políticos y su objetivo es que, en los próximos comicios, que se llevarán a cabo en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Quintana Roo, se solicite este formato a los aspirantes.
Pedimos a los partidos políticos que soliciten a sus candidatas y candidatos que firmen, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, el documento donde digan que no han sido condenados ni sancionados por violencia intrafamiliar, delitos sexuales o como deudores alimentarios.
Con este objetivo presentó un punto de acuerdo y aseveró que esta medida es fundamental en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes del país.
No podemos permitir que agresores de mujeres contiendan por cargos de representación popular, los servidores públicos deben probar una trayectoria honrada y compatible con los valores y principios de nuestra democracia.
En el pasado proceso electoral, 102 autoridades reportaron que la información no existía, ocho que no contaban con los datos y seis que no eran competentes para realizar las solicitudes.
Necesitamos que todo el aparato del Estado se sume a una política integral de erradicación de la violencia contra las mujeres y esta lucha es de todos.