*Garantizar derecho y acceso a la información
Los derechos humanos son aquellos que nos permiten, como personas, vivir de manera digna en un entorno de libertad, de paz y de justicia.
El derecho de acceso a la información, garantizado por el artículo 6o. constitucional es la base del ejercicio de otros derechos. Promueve la participación ciudadana en la gestión pública y es un elemento indispensable para el debate informado sobre las acciones de gobierno.
Nuestras instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía. Como lo señala la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la información es una herramienta que beneficia a las y los ciudadanos en una doble dimensión.
En lo individual, garantizando que ninguna persona sea impedida de acceder a recibir información por parte del Estado. Y en lo colectivo, permitiendo que la población reciba la información necesaria y oportuna para la construcción de la opinión pública y la manifestación libre de sus ideas.
Conocer las acciones que realizan los gobiernos permite a las personas tomar decisiones informadas y exigir, de manera eficaz, la rendición de cuentas. En este marco la iniciativa que hoy presento busca fortalecer la legislación en materia de transparencia y combate a la violencia de género.
Su objetivo es que las instituciones de educación superior pública, dotadas de autonomía, publiquen información estadística respecto a las denuncias de procesos de investigación relacionados con violencia de género al interior de sus planteles. Y que esta reforma pueda servir como ejemplo a todo tipo de instituciones de educación superior en México.
Nuestras universidades son esenciales en el desarrollo democrático del país, formando profesionistas de alto nivel, mujeres y hombres portadores de una cultura científica y humanista, bajo el principio de libertad y compromiso social en el marco de esa autonomía legalmente reconocida.
Las cifras de un estudio reveladas por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México nos muestran que persisten altas cifras de violencia de género de alumnas, profesoras y trabajadoras administrativas dentro del entorno escolar.
Los resultados indican que el 80 por ciento considera que la violencia proviene de los varones y el 20 por ciento de las mujeres. Además, el 6.1 de las alumnas dijo haber sufrido acoso ocasional y haber sido víctima de alguna agresión.
En este sentido hay una necesidad de transparentar las estadísticas respecto de las denuncias relacionadas con violencia de género en las instituciones educativas de nuestro país.
Visibilizar la violencia de género en todos sus entornos no es un tema privativo de las mujeres, nos concierne a todas y a todos, especialmente al Poder Legislativo. Nos permite conocer el impacto que tienen las distintas esferas y así poder atender de manera integral este flagelo.
Poner un alto a la violencia en las universidades es cuidar el desarrollo integral de nuestras mujeres y jóvenes y es uno de los principales pasos para erradicar aquella que se vive en otros entornos.
Sumemos esfuerzos para consolidar una cultura de transparencia y para fortalecer la denuncia. El silencio es el principal aliado de la impunidad. Es a través de la transparencia y del efectivo acceso a la información que podemos construir una sociedad más igualitaria.
Las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia son el punto de partida para la construcción de un gobierno más abierto, por eso se requiere el compromiso del Poder Legislativo para robustecer las obligaciones de transparencia, hacer más eficaz el acceso a la información y juntos construir el punto de llegada que queremos alcanzar como nación.
No esperemos a que un caso más de violencia o agravios por motivo de género se vuelva una noticia para empezar a actuar. En palabras de Malala, Premio Nobel de la Paz: La educación es un poder para las mujeres.