La Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), fue reconocida por su “impresionante, valiente y generosa actividad en la defensa del Estado de derecho”, por parte de la International Bar Association (IBA).
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, fue acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Recibieron el reconocimiento de manos de Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la International Bar Association.
La Ministra Presidenta expresó su reconocimiento a todas y todos los integrantes de la Asociación por su labor persistente en la protección del Estado de derecho; en el apoyo a la independencia de los poderes judiciales y el derecho de las abogadas y los abogados a ejercer su profesión sin interferencias.
“Recibo en representación de la Institución, con gran honor y gratitud el reconocimiento que esta Asociación Internacional extiende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su impresionante, valiente y generosa actividad en la defensa del Estado de derecho”, dijo.
“Como representante de nuestro Alto Tribunal, me es grato recibir este Primer Premio de Impacto de la IBA, concebido para dar la máxima visibilidad a aquellas entidades y personas que realizan una aportación especialmente positiva en ese ámbito, como claramente es el caso de la Suprema Corte”.
“Muchas gracias por el reconocimiento que, desde mi opinión, debe ser para todas las personas servidoras públicas integrantes del Poder Judicial de la Federación que en estos momentos cruciales que habrán de delinear el futuro de México, han actuado con la mayor entereza. ¡Muchas gracias!”, aseguró.
“La sociedad mexicana ha dado cuenta de cómo el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias, resoluciones que, reconocidamente, han protegido los derechos y las libertades”, enfatizó.
La Ministra Presidenta Mencionó que el trabajo de La Corte se ha concentrado en la preservación de los derechos de las personas y grupos.
“Ahí están nuestras sentencias sobre la tutela jurisdiccional efectiva; la prisión preventiva; el derecho a una defensa adecuada; la libertad personal y la presunción de inocencia; la libertad religiosa; el libre desarrollo de la personalidad; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; los derechos de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+; el interés superior de la niñez; los derechos de personas, pueblos y comunidades afromexicanas; la reparación integral; la igualdad y no discriminación; la propiedad intelectual; el derecho de reunión; la perspectiva de género; la autonomía reproductiva de las mujeres; el derecho de acceso a la información; la privacidad e intimidad de las personas; los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos criterios más”, expresó la Ministra Presidenta.
Reiteró que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.
La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura.