Con la presencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Defensoría Pública Electoral, llevó a cabo la clausura de la “Jornada por la defensa de los derechos político-electorales” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la cual tuvo como finalidad analizar sentencias relevantes, retos pendientes y agendas, así como compartir experiencias y testimonios de la participación política de poblaciones históricamente discriminadas, durante el reciente proceso electoral.

En los dos días de trabajo, se contó con la participación de autoridades de instituciones electorales y representantes de organizaciones civiles a quienes la magistrada Otálora reconoció por sus aportaciones al foro. Subrayó que contar con sus experiencias de vida en estos espacios de reflexión “es escuchar también lo que nos ha faltado respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad”.

En compañía de la consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, la magistrada electoral enfatizó el trabajo de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, a cargo de Marina Martha López Santiago, por su ardua labor en la defensa -en sus inicios- de las comunidades y pueblos indígenas, hasta abarcar hoy todo el conjunto de grupos vulnerables, al garantizar así el avance de sus derechos político-electorales.

En el último día de actividades se realizó la mesa de análisis “La construcción de un horizonte para el ejercicio de los derechos político-electorales” en la que participó la activista y académica, Montserrat Aguilar Ayala, quien expuso el tema “Avances y pendientes para la participación político-electoral de las mujeres afromexicanas”, en la que se abordaron aspectos de las distintas violencias, racismo y exclusión que padece esta comunidad.

Asimismo, la defensora, activista y diputada electa en Chiapas, Luz María Castillo Moreno, habló sobre la participación política de las juventudes con discapacidad, una minoría que -dijo- fue minimizada y excluida durante muchos años, sin embargo, señaló que son sectores que hoy ya están siendo considerados, tienen más espacios y hacen valer sus derechos como el de la inclusión, lo que consideró es una obligación del Estado mexicano.

Por su parte, la secretaria de la Organización del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Magaly Liliana Segoviano Alonso, mencionó los pendientes para el ejercicio de los derechos político-electorales de la población indígena, y ofreció ejemplos que ilustraron la posibilidad de ajustes al sistema electoral para maximizar el ejercicio de sus derechos.

A su vez, de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Rafael Cruz Vargas abordó los cimientos constitucionales que se tienen de cara al futuro a partir de los cambios recientes en la Carta Magna para los pueblos y comunidades indígenas que, con esta calificación jurídica, son sujetos de derecho público, y cómo la defensoría es un vehículo para alcanzar el goce pleno de sus derechos electorales.

En esta mesa también participó la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, Sofía Martínez de Castro León, como moderadora.

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