*Ley de Seguridad Informática que proteja a todos los sectores
México necesita una Ley de Seguridad Informática, no como mecanismo de control, sino por la necesidad de regular conductas antijurídicas dentro del ciberespacio que amenazan a la población con acciones que van desde el robo de identidad y fraude, hasta trata de personas y pornografía infantil.
Por ello presenté ante el Pleno la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y expide la Ley de Seguridad Informática.
Gracias a la tecnología, los seres humanos poseemos el estilo de vida del que dependemos. Nos provee de una vida mejor y por ello las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) están consagradas como derecho en la Constitución.
Sin embargo, surge la necesidad de salvaguardar a nuestras hijas e hijos, familiares y a cualquier persona que tenga acceso a la plataforma digital, frente a los ciberdelitos.
México es el tercer país a nivel mundial y el número uno en América Latina en ataques a usuarios de Internet, Web y Redes Sociales; estas amenazas afectan a la población en general, así como a las instituciones del Estado que cuenta con páginas oficiales y a las empresas privadas.
En abril de 2018 el Banco de México informó que cinco entidades bancarias fueron hackeadas y registraron pérdidas por más de 300 millones de pesos.
Las organizaciones delictivas hacen mayor uso de las TICs para facilitar sus actividades y maximizar en el menor tiempo posible los beneficios que obtienen mediante el robo, juegos de azar, venta de medicamentos falsificados, fraude financiero, e incluso les dan usos de terrorismo.
El país registra avances con la puesta en marcha la Unidad de Investigaciones Cibernéticas, la Dirección de Ciberseguridad en Banxico y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (Cert-MX) en la Policía federal.
Empero, México no cuenta con un registro de los ataques cibernéticos; en Estados Unidos, por ejemplo, reportes oficiales indican que 50 por ciento de internautas son objeto de amenazas.
Por ello se requiere una ley que permita la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que preste auxilio y protección a los estados y municipios en el monitoreo de la red pública, para identificar e investigar conductas delictivas. Esto con pleno respeto a los derechos humanos.