*El desabasto de agua en muchas zonas del país es más grave de lo que imaginan
En la zona metropolitana de San Luis Potosí, hay familias que llevan años batallando con la falta de agua. Abren la llave y no sale nada. Tienen que comprarla, guardarla en cubetas, tambos, tinacos, o esperar a que una pipa llegue a su colonia.
Para atender esa necesidad, el gobierno del estado puso en marcha un programa de reparto de agua. Sin embargo, tras la investigación de “N+”, se evidenció lo que a voces se decía en las calles: el agua estaría siendo controlada por coordinadoras del Partido Verde y condicionado a la afiliación política.
Ese es el motivo por el que hoy traigo este tema al Senado.
Porque hay familias que necesitan agua y hay señalamientos que alguien está aprovechando y se están aprovechando de esta necesidad, para beneficiar a un partido político.
Quiero que pensemos un momento en lo que eso significa. Llevar días esperando pipa, tener hijos que bañar, comida que preparar, y que alguien pueda decidir si te lleva el agua, dependiendo de tu disposición a apoyar a un partido.
¿Se imaginan la impotencia, el miedo a reclamar y que después ya no vuelva la pipa? Aprovechar esa desesperación y la necesidad del otro para conseguir una afiliación política es una bajeza.
Al gobierno del estado le decimos que estos señalamientos involucran un programa de su gobierno y merecen una explicación seria y urgente.
Hoy tienen la responsabilidad de garantizar que el agua llegue a las familias sin intermediarios y mucho menos usando la necesidad de las familias, para que éstas se afilien al Partido Verde.
Y lo dejo claro: esto no es un golpeteo político. Lo que se exige es una explicación, que se entreguen los registros de distribución y que expliquen quién decide las rutas y quién autoriza las entregas. Que se aclare el por qué siguen sumándose testimonios que señalan a una estructura partidista interviniendo en este servicio.
Por eso, desde esta tribuna, llamo también al INE y al Ceepac a que actúen dentro de sus atribuciones, que investiguen el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde y que las autoridades competentes apliquen las sanciones que correspondan. Que se esclarezca quién participa, quién autoriza y quién da las órdenes. La responsabilidad debe alcanzar a todos los involucrados, cualquiera que sea su cargo.
Y mientras se investiga, que se garantice el abasto y se proteja a quienes han denunciado. Ninguna familia debe quedarse sin agua por haberse atrevido a hablar.
A mis paisanas y paisanos potosinos les digo: recibir agua no los pone en deuda con ningún político. La gente ya tiene suficiente con vivir pendiente de una pipa, como para tener que preocuparse también por quedar bien con el partido en el poder.
El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido.
El agua es un derecho humano y no una moneda de cambio para mantenerse en el poder en San Luis Potosí.