*La Toga del Caudillo
El 1 de junio de 2025 se celebró un simulacro. Solo el 13% del padrón electoral participó en las votaciones para elegir jueces, magistrados y ministros, una cifra que debería invalidar cualquier intento de legitimidad. De ese porcentaje, un 3% anuló su voto. Los ganadores fueron anunciados con sonrisas por el aparato oficialista: todos, sin excepción, afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Hubo denuncias documentadas sobre el uso de acordeones para inducir el voto. Votantes que llegaban con papeles doblados donde estaban marcados los nombres "correctos". No hubo debate ni propuesta. Ni un solo ejercicio público donde los aspirantes discutieran sus posturas judiciales.
¿Para qué, si se trataba de una farsa cuidadosamente montada? La idea fue del expresidente López Obrador, quien durante su sexenio se dedicó con obstinación a desacreditar al Poder Judicial. A sus ojos, y por ende a los ojos de su partido, los jueces eran, ahora ya no, cómplices de una élite corrupta. Lo que callaba era que ese Poder Judicial era, también, el último dique que impedía su consolidación como poder absoluto.
La pregunta no es por qué cambiar al Poder Judicial, sino por qué adueñarse de él. Porque es el único poder que no estaba bajo su control. La Presidencia la ganaron en 2018. El Congreso lo han tenido, entre idas y venidas, en sus manos. Gobiernan la mayoría de los estados de la República Mexicana. Tienen la narrativa, la televisión pública, una parte considerable de los medios. Pero no tenían a los jueces. Y los jueces pueden bloquear decretos, frenar leyes, revisar presupuestos, declarar inconstitucionalidades. O sea: pueden incomodar.
En un sistema diseñado para la separación de poderes, el Judicial es el árbitro silencioso que evita que los otros dos devoren al país. Morena lo sabe, y por eso se inventó esta "reforma histórica". Nos dijeron que los jueces deben ser elegidos por el pueblo. Una falacia seductora: ¿qué ciudadano no querría elegir al juez que lo va a juzgar? Pero en la práctica, fue todo menos una elección. Fue una designación encubierta. Mucha gente no conocía a los candidatos, porque ni siquiera eran candidatos: eran comisionados del partido, travestidos de independientes.
Detrás de esta “democratización” judicial no hay más que un brutal deseo de impunidad. Un nuevo Poder Judicial, compuesto por amigos, incondicionales, ex asesores, exlegisladores y fieles al movimiento, es el seguro de vida de los que hoy ocupan cargos y manejan miles de millones de pesos sin rendir cuentas. Con un tribunal superior a modo, nadie podrá investigar las irregularidades del Tren Maya, del AIFA, de Segalmex, de los contratos sin licitación, de los moches disfrazados de transferencias directas. El mensaje es claro: "Si llegamos a caer, caeremos sobre un colchón hecho por nosotros mismos".
También hay un componente de revancha. Obrador nunca perdonó que la Corte invalidara varias de sus iniciativas. La reforma eléctrica, la militarización disfrazada, los decretos por encima de la Constitución. Se lo tomó personal. Y como hizo (aunque lo sigue haciendo) con todo lo que le resulta incómodo, lo destruyó. No se trata de limpiar la casa, sino de prenderle fuego y construir una nueva con sus propios alfiles.
Un juez elegido por voto popular, en un país con altos niveles de desinformación, clientelismo y miedo, no es independiente. Es vulnerable, manipulable, presionable. Los votos se compran, se coaccionan, se negocian. Si hoy los partidos reparten despensas a cambio de alcaldías, ¿qué no hicieron para poner a su gente en la Suprema Corte?
Esto no es una reforma. Es una ocupación silenciosa, disfrazada de voluntad popular. Es la sustitución del Estado de derecho por un Estado de consigna. La justicia dejará de ser imparcial para convertirse en herramienta de represalia o de protección, según convenga. Los adversarios serán perseguidos, los amigos serán absueltos. No es una hipótesis: es el modelo venezolano, nicaragüense, salvadoreño, importado con la cara sonriente de la transformación.
Y lo más alarmante es la desfachatez. No la ocultan, no se avergüenzan. Hablan de "democratizar" la justicia mientras la colonizan. Hablan de "cero corrupción" mientras blindan a quienes han hecho fortunas desde el poder. Hablan de "justicia para el pueblo" mientras lo despojan de su última garantía contra los abusos.
La captura del Poder Judicial no es un detalle técnico. Es el coronamiento de un proyecto autoritario que avanza paso a paso, siempre con la excusa de representar al pueblo. Pero representar al pueblo no significa hablar por él, sino respetar los equilibrios que lo protegen. Sin jueces independientes, la democracia no es democracia: es un decorado.
Estamos ante un asalto disfrazado de reforma que si no se denuncia con claridad y contundencia, se convertirá en norma. Entonces ya no será el gobierno quien esté fuera de la ley, sino la ley misma la que estará al servicio del gobierno. El tiempo de las advertencias pasó. Debemos señalar, con nombre y apellido, lo que está ocurriendo: nos robaron la justicia en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, y contra el pueblo.
Lo cierto es que cuando el juez y el jefe son el mismo, no hay juicio: hay órdenes.
¡Hasta la próxima!