De ser aprobado –por el pleno del Congreso local- el dictamen al punto de acuerdo, las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana, en conjunto con las empresas operadoras de los Servicios de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con chofer deberán ejecutar acciones coordinadas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio.
En sesión de trabajo de la Comisión de Movilidad, presidida por el diputado de MORENA, Miguel Ángel Macedo Escartín, sus integrantes aprobaron el dictamen al punto de acuerdo presentado por el legislador del PAN, Héctor Marmolejo.
El documento indica que actualmente “se cuenta con 115 investigaciones por abuso de confianza, 80 por robo, 23 por violaciones, 23 por daños materiales, 11 por lesiones culposas y dolosas, siete por fraude, cuatro por homicidio, tres por acoso sexual y alrededor de 191 delitos no especificados”.
Lo anterior, porque los filtros de las empresas como Uber, Didi y Cabify, entre otras, no son confiables en cuanto al registro, aceptación y permanencia de sus choferes.
En virtud de lo anterior, el dictamen en cuestión establece que no se busca criminalizar a las personas que se dedican a prestar este tipo de servicio de transporte, pero sí, garantizar la seguridad de sus usuarios, mediante la implementación de estrategias que permitan una adecuada atención a los problemas de seguridad que se presentan en el transporte público, específicamente, en los taxis gestionados por aplicaciones móviles.
De la misma manera, aprobaron en sentido positivo dos opiniones. Una para emitir opinión al presupuesto destinado al sector de movilidad, solicitada por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la de Hacienda.
En el proyecto de Presupuesto se indica que en materia de movilidad “se contará con presupuesto 10.8 por ciento mayor que el asignado en el ejercicio fiscal 2019, por lo que se asignarán 29 mil 714 millones de pesos”.
Y la otra, a la iniciativa que reforma las leyes de Cultura Cívica, la Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la de Establecimientos Mercantiles y la de la Procuraduría Social, todas de la Ciudad de México, en materia de contaminación ambiental generada por ruido.
Lo anterior, porque “los ruidos por encima de 80 decibeles puede desembocar en conductas agresivas y síntomas psiquiátricos, aunque la principal consecuencia es la pérdida de audición”.