¿Lo permitirá la Sedena?
Es necesario establecer un mecanismo transparente y auditable de destrucción de armas incautadas y decomisadas, demandó la diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, al solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se exhorte a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atender esta demanda.
Consideró que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se debe reforzar la transparencia con dicho mecanismo para conocer el destino de lo incautado.
En conferencia de prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente que tiene lugar en el Senado de la República, la diputada especificó que su proposición busca “garantizar la rendición de cuentas y prevenir su desvío al mercado ilegal, esto con el fin de que se establezca un protocolo público y auditable para la destrucción de armas incautadas y decomisadas, que incluya un registro detallado de cada arma decomisada y destruida por número de serie, tipo y modelo”.
Además, el proceso sea supervisado por órganos de control interno, autoridades y organizaciones civiles; y se implemente el uso de tecnología (transmisiones en vivo o grabaciones) durante la destrucción, detalló.
De igual forma, exhortó a que se pida la publicación de informes periódicos en el Portal de Transparencia de la Sedena, con datos sobre referencias mensuales de las armas incautadas y de las destruidas, elementos probatorios de la destrucción, de autoridades responsables de la trazabilidad de la incautación de las armas hasta su destrucción y de entidades o instituciones responsables de la supervisión.
Además, fomentar la colaboración con organismos internacionales para adoptar y crear mejores prácticas en la materia.
“México cerró el 2024 con un total de 30 mil 57 homicidios dolosos con armas que no se sabe de dónde vinieron ni quién las trajo. Ayer fueron asesinadas 55 personas. En lo que va del sexenio van 17 mil homicidios dolosos de acuerdo con cifras preliminares, y siete de cada 10 homicidios dolosos se cometen con armas de fuego”.
Subrayó que se estima que hay 3.9 millones de armas de fuego ilegales en circulación, con un número significativo de víctimas, incluyendo niños y mujeres. “Su muerte y la de miles de mexicanas y mexicanos es un recordatorio brutal de que nadie está salvo mientras las armas ilegales sigan circulando por nuestro país”.
La legisladora también habló sobre la reforma en materia de Guardia Nacional que se pretende discutir, junto con otros dictámenes, en un periodo extraordinario de sesiones.
Adelantó que su grupo parlamentario presentará reservas y propuestas en la discusión, a fin de lograr “un camino muy claro en el protocolo que la Sedena debe de abrir, transparentar e invitar a distintos actores de la comunidad y de la sociedad civil organizada para la destrucción de las armas incautadas”.
En otro orden de ideas, respecto de las denuncias de irregularidades en las elecciones en Veracruz, la diputada acusó un fraude en los resultados, e hizo énfasis en la necesidad de defender el derecho al voto de los ciudadanos
“Lo que está sucediendo en Veracruz, específicamente en los municipios de Poza Rica y de Papantla, es un fraude burdo, y es el primer gran fraude de Morena, un fraude electoral que está dañando a la gente que ya decidió en la urna qué gobierno quería tener y qué gobierno quería frente a los malos resultados por el partido que hoy se está queriendo robar la elección”.
Indicó que, en el caso de Poza Rica, “Movimiento Ciudadano ganó por 500 votos y lo irá a pelear en el Tribunal; y en Papantla, ahí no les alcanzó la trampa, pero le dieron la vuelta con fraude ante los ojos del Ople, de la gobernadora y de la comunidad internacional”.
Cuestionada sobre los distintos llamados a impugnar los resultados de la elección de las personas juzgadoras, calificó el proceso electoral como una simulación y fraude, ya que no fueron unos comicios democráticos.
“A la luz de la relación bilateral con los Estados Unidos esa plana se tendrá que enmendar; que ya lo ha dicho Movimiento Ciudadano: cuando gobernemos en el 2030 -porque vamos a gobernar este país en el 2030- se tendrá que emprender una reforma profunda para este sentido y retomar la autonomía y la independencia del Poder Judicial”, indicó.
Apuntó que MC estará impulsando reformas que acompañen lo que ha sucedido con el Poder Judicial, “para que haya equilibrios con los jueces, magistrados y ministros electos, porque lo que no puede pasar en materia de impartición de justicia es que ahora lleguen impartidores de justicia por la vía democrática pero no pueda la población quitar a uno solo de ellos por la misma vía”, concluyó.