Por Violeta Contreras García
(dpl news) Alianza In México, asociación que representa a plataformas digitales como DiDi, Uber, Rappi, Lalamove y Mensajeros Urbanos, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar un análisis constitucional exhaustivo del impuesto por uso de infraestructura urbana en la Ciudad de México.
A través de su disposición en el artículo 307 TER del Código Fiscal local, este impuesto —denominado “aprovechamiento”— obliga a las plataformas tecnológicas de intermediación a pagar por supuestamente explotar la infraestructura pública de la capital.
Las plataformas digitales consideran que la medida establece un trato fiscal desigual y discriminatorio, ya que no se aplica a otras industrias logísticas que también utilizan el espacio urbano para operar, como lo sería Mercado Libre o Amazon.
Incluso, especialistas en economía digital han alertado que el impuesto viola la garantía de equidad tributaria, puesto que sólo se grava a un cierto grupo, pese a que existen más empresas que utilizan la infraestructura urbana de la misma manera.
Durante una sesión pública el pasado 30 de abril, la Segunda Sala de la SCJN votó mayoritariamente en contra del proyecto que buscaba confirmar un amparo otorgado a una de las empresas miembros de la asociación.
Ahora el asunto fue turnado a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama para su nuevo análisis.
“El impuesto por uso de infraestructura en CDMX es inequitativo y genera una carga fiscal excesiva para las plataformas digitales, desincentivando la digitalización y afectando la competencia”, señaló Alianza In.
Además, la organización destacó que las plataformas digitales son un motor clave del comercio electrónico y la generación de empleo en México, por lo que aplicar medidas fiscales exclusivas para este sector puede frenar su crecimiento y limitar el acceso de miles de negocios al ecosistema digital y a oportunidades adicionales para la generación de ingresos.
Alianza In espera que la SCJN, en su próxima discusión, considere la inconstitucionalidad del impuesto, debido a que sostiene que representa una barrera para el desarrollo económico digital, la libre competencia y la sostenibilidad del modelo de negocio de la economía colaborativa.
La medida fiscal en la Ciudad de México se implementó en un contexto en el que los gobiernos locales buscan nuevas fuentes de recaudación ante el crecimiento acelerado del sector tecnológico y las necesidades del gasto público.
Sin embargo, la resolución del máximo tribunal podría sentar un precedente clave para el tratamiento fiscal de las plataformas digitales en México.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó dicho aprovechamiento como parte del Código Fiscal de 2022. La cuota corresponde al 2 por ciento, antes de impuestos, sobre el total de las comisiones o tarifas que cobren las plataformas digitales.
Los recursos por este concepto serán utilizados en tareas de mantenimiento de infraestructura de la CDMX, con el fin de mejorar la movilidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha transparentado el ejercicio de dichos fondos.