Con el propósito de crear políticas de seguridad que beneficien a las mujeres y protegerlas durante los procesos penales y familiares a los cuales deben enfrentarse cuando son víctimas de violencia, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano presentó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“La garantía de igualdad de derechos y oportunidades se ve opacada ante la creciente y preocupante ola de violencia en contra de la mujer, lo que lleva plantearse si acaso, estamos en una época en la que ser mujer en esta Ciudad de México es una de las situaciones más peligrosas que se pueda enfrentar”, sostuvo la legisladora.
Agregó que en la Ciudad de México se ha presentado una cantidad inimaginable de delitos cometidos en contra de las mujeres, violencia que no sólo se desarrolla en las calles, más preocupantemente en el seno familiar, que muchas ocasiones conlleva a los feminicidios, “tal es el caso de aquellas mujeres que siendo víctimas de sus propios esposos o parejas, son violentadas al grado de exhibirlas causando daños físicos permanente”, recriminó.
Son muchos los casos en los que los Ministerios Públicos abogan por una salida de conciliación y criterios de oportunidad para evitar judicializar las carpetas de investigación que se inician a petición de la mujer víctima de violencia, lo que permite que el agresor arremeta nuevamente en contra de su víctima causándole un daño irreparable, apuntó.
Por lo anterior, planteó que la Procuraduría designe dentro de las agencias del Ministerio Público o las instancias especializadas de atención a la mujer, a personal capacitado itinerante para que realice las diligencias de entrevistas y declaraciones con las víctimas mujeres en los albergues o centros de resguardo, guardando la debida protección de los datos personales sensibles, evitando la sobreexposición de la mujer víctima del delito a traslados a las agencias.
Quiroga Anguiano propuso además que se privilegien en todo momento los derechos de las mujeres y niñas al momento de autorizar acuerdos reparatorios, suspensiones del procedimiento, y en su caso criterios de oportunidad; así como la integración del agresor al seno familiar, ponderando siempre como mejor resguardo la imposición de prisión preventiva para el agresor evitando con esto que se ponga en riesgo la vida de la mujer víctima del delito.
“En caso de que implique peligro para la vida de la víctima de violencia, ella pueda ser remitida sin mayor trámite a los albergues o casas de resguardo sin que se les separe de sus hijos menores de edad y que se les brinde las atenciones médicas, psicológicas y legales pertinentes”, sostuvo.
Asimismo, recalcó que sea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el que dé acceso preferencial y totalmente gratuito a estancias o guarderías a las hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia; además de que el generador de violencia abandone el inmueble o domicilio donde habitan en conjunto sin que para ello importe si es propietario legal o poseedor del mismo.
En tanto, la diputada Sandra Vaca Cortés, propuso reformar el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para establecer que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados, mítines o marchas violentas, ni en cualquier tipo de experimento o ensayo que atente contra su dignidad humana.
Al respecto dijo que los niños y niñas son los primeros afectados por un conflicto, ya sea directa o indirectamente, que los conflictos armados y políticos alteran sus vidas de muchas maneras, incluso si no mueren o resultan heridos pueden quedarse huérfanos, ser secuestrados, violados o sufrir graves daños emocionales y traumas psicosociales debido a la exposición directa a la violencia, el desplazamiento, la pobreza o la pérdida de seres queridos.
“Considerando que en México no se ha llegado a la utilización de niños y niñas en conflictos armados o abiertamente violentos como escudos, si se han presentado casos en los que menores han sido víctimas fatales en enfrentamientos entre grupos políticos contra cuerpos de seguridad o policiacos, basta con citar algunos casos como: lo sucedido en Oaxaca el 5 de marzo del 2019, donde un menor de 15 años murió durante en el enfrentamiento de transportistas y la policía o el 14 de julio del 2006 durante el desalojo del centro histórico de la ciudad de Oaxaca”, recordó.
Por ello, recalcó que su reforma busca brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes frente a conflictos armados, mítines o marchas violentas.