(Del Banco Mundial para Grilla en el Poder) Marcelina Ngandu, una madre viuda a cargo de cinco niños, recibe transferencias mensuales de efectivo que invierte en su pequeño negocio en Zambia.

Cada dos meses, Marcelina Ngandu cobra las transferencias de efectivo que recibe del Gobierno de Zambia y las invierte en su pequeño negocio de donas. “Compro harina y hago rosquillas para vender”, dijo Marcelina, una mujer viuda que con el dinero que gana mantiene a los cinco hijos de su difunta hermana.

“Con mi último pago bimensual de 300 kwacha (USD 14), preparé donas y las vendí por 400 kwacha, lo que me ayuda a pagar las matrículas escolares de los niños huérfanos a los que cuido. Llamo a todas las demás viudas a que no gasten todo el dinero que reciben, sino que lo inviertan como yo lo hago”.

Marcelina es una de los más de 3 millones de beneficiarios del Programa Social de Transferencias en Efectivo de Zambia, que mejora los medios de subsistencia de las mujeres y aumenta el acceso de los niños a la educación.

Este es uno de los numerosos programas de protección social respaldados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y una parte importante del compromiso del Banco Mundial de lograr la protección social universal.

La protección social puede transformar la vida de los más pobres y vulnerables, proporcionando una ayuda vital a cientos de millones de habitantes durante las crisis, impulsando el capital humano de la próxima generación y empoderando a las personas, especialmente las mujeres. Esta protección es crucial mientras la entidad trabaja para poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad en un planeta habitable.

La COVID-19, un gran catalizador de la protección social

Cuando la pandemia mundial de COVID-19 causaba perturbaciones en las economías de todo el mundo, los Gobiernos recurrieron a los programas de protección social para proporcionar de manera rápida apoyo temporal a los ingresos. Se registró un aumento histórico de las transferencias sociales y un mayor uso de los sistemas de prestación digital. Durante la reciente crisis alimentaria mundial, las respuestas en materia de protección social aumentaron más del doble.

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Los programas de protección social respaldados por la AIF fueron fundamentales para ayudar a reforzar la preparación ante la COVID-19 y la respuesta de emergencia en los sectores de salud en todo el mundo.

Sin embargo, aunque el número de países con sistemas de protección social ha aumentado en los últimos 30 años, el mundo está lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible que tiene como meta proporcionar protección social a todas las personas. Más de la mitad del mundo —nada menos que 4100 millones de habitantes— aún carecen de protección, y muchos países no cuentan con sistemas para responder de manera oportuna a las crisis.

Dado que las amenazas del cambio climático y los conflictos son omnipresentes, el Banco Mundial está aumentando su ambición de apoyar a 500 millones de personas pobres y vulnerables e implementa estrategias específicas, diseñadas para satisfacer las necesidades de estas poblaciones y programadas para hacer frente a las crisis.

La AIF desempeña una función crítica para el logro de esta meta: es el principal mecanismo a través del cual el Banco Mundial respalda la ampliación de la protección social para fortalecer la resiliencia de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Mejorar las condiciones de vida en el presente y en el futuro

Los instrumentos de protección social —como la seguridad social, la asistencia social y los programas de inclusión laboral y económica— ayudan a las personas a sobrellevar la situación cuando se produce una crisis o conmoción y permiten que los sistemas estén mejor preparados para dichas situaciones.

También pueden tener importantes beneficios a largo plazo al permitir a las personas invertir en la salud y la educación de sus hijos, tener acceso a capacitación laboral y proteger a la población de edad avanzada. Su valor transformador radica en que pueden aliviar la pobreza aguda actual, rompiendo al mismo tiempo el ciclo de la pobreza al incentivar las inversiones en capital humano para la próxima generación.

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En Zambia, el Programa Social de Transferencias de Efectivo ha ayudado a los beneficiarios a mejorar su educación y su salud, y a poner en marcha sus propios pequeños negocios. Fotografía: Banco Mundial.

A principios de la década de 1990, México fue uno de los primeros países en implementar un programa de transferencias monetarias condicionadas. A medida que el programa “Prospera”, respaldado por la AIF, incrementó la matrícula escolar y mejoró la nutrición, esta simple idea se extendió rápidamente por América Latina, África y Asia.

Esto ha dado lugar a iniciativas transformadoras como el Programa de Apoyo a los Ingresos para los Más Pobres en Bangladesh (i), que benefició a 600 000 mujeres durante casi una década, mejorando la nutrición, el desarrollo cognitivo y la preparación para la escuela de sus hijos, y el Programa Social de Transferencias de Efectivo en Zambia (i), que ha ayudado al 20 % de la población del país.

Empoderar a las mujeres

Los programas de protección social son particularmente beneficiosos para las mujeres, ya que amplían las oportunidades de ellas de participar en la fuerza laboral, incrementan los conocimientos y la educación financiera, y contribuyen a reducir la violencia de género.

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Eva Ituwa es beneficiaria del Proyecto de Redes de Protección Social de Sudán del Sur. Con las transferencias de efectivo que recibió, ella pudo poner en marcha un pequeño negocio en la zona residencial de Nyokurun, en Juba. Fotografía: John Lomoro Sindani.

Por ejemplo, el Proyecto de Redes de Protección Productivas para las Zonas Urbanas de Etiopía (i), respaldado por la AIF, permitió a los beneficiarios —el 60 % de los cuales eran mujeres— abrir cuentas bancarias por primera vez y proporcionó donaciones para medios de subsistencia que ayudaron a las personas a capacitarse para adquirir habilidades y conocimientos financieros y poder iniciar pequeños negocios.

Además de ayudar a abordar la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica persistente, en un proyecto de redes de protección social de Sudán del Sur (i) se incorporaron comportamientos transformadores en materia de género, cohesión social y mitigación del riesgo de violencia de género.

El proyecto apoyado por la AIF superó sus propias metas de igualdad de género, con una participación femenina del 77 % en los programas de obras públicas que requieren mucha mano de obra.

“Inicié este pequeño negocio con la ayuda monetaria que me dio el proyecto, y esto ha ayudado a cambiar mi vida y la de mi familia”, dijo Eva Ituwa, una madre soltera de Sudán del Sur, que tiene ocho hijos. “Ahora puedo generar ingresos vendiendo té todos los días para satisfacer las necesidades de mis hijos, como alimentos, medicamentos y el pago de las matrículas escolares”.

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