De IOL Reporter para Grilla en el Poder).- El 3 de abril, Ibrahim Traoré compareció ante las cámaras de la televisión estatal y declaró al pueblo de Burkina Faso, y por extensión a todo el continente, que la democracia «mata», que «no es para nosotros» y que simplemente debe olvidarse.
La declaración tuvo gran repercusión en los medios africanos, dividió la opinión pública según líneas ideológicas y se integró en el debate, aún sin resolver, sobre cómo debería ser realmente la gobernanza en el África poscolonial. Merece una respuesta seria. Ni un rechazo, ni una ovación.
La crítica que tiene mérito y sus límites
Existe una tradición intelectual legítima de la que se nutren las palabras de Traoré, aunque de forma imperfecta. Los pensadores más rigurosos de África, desde Fanon hasta Mbembe, desde Nkrumah hasta Ngugi, han sostenido durante mucho tiempo que la democracia liberal occidental, trasplantada sin soberanía económica ni verdadera profundidad institucional, produce una gobernanza vacía: elecciones sin rendición de cuentas, parlamentos sin poder, constituciones sin ciudadanos.
Los repetidos colapsos democráticos del Sahel no surgieron de la nada. Surgieron de Estados con financiación estructuralmente insuficiente, gestionados externamente y desprovistos de la capacidad administrativa necesaria para brindar seguridad y servicios básicos a su población.
Cuando Traoré afirma que «la democracia no es para nosotros», dirige su crítica a un modelo específico: la democracia liberal occidental, históricamente exportada a África mediante la intervención, la coerción y la ayuda condicionada. Léase con atención: se trata de una crítica coherente. El problema no radica en que exista la crítica, sino en lo que el régimen ha construido, o no ha logrado construir, en lugar de la democracia.
El registro que la retórica no puede borrar
En última instancia, la gobernanza debe juzgarse por los resultados para los gobernados. En ese sentido, el historial del gobierno de transición no es un proceso en desarrollo, sino un deterioro documentado.
Las muertes relacionadas con la violencia islamista radical casi se han triplicado desde el golpe de Estado, alcanzando las 17.775, en comparación con las 6.630 del mismo período anterior a la llegada de Traoré al poder. Burkina Faso es ahora el país más afectado por el terrorismo en todo el mundo, concentrando una cuarta parte de todos los ataques extremistas a nivel global. Se estima que las fuerzas militares operan libremente en tan solo el 30% del territorio del país. Entre tres y cinco millones de personas han sido desplazadas, y los refugiados burkineses huyen ahora a Costa de Marfil, Ghana y Senegal.
Estas no son las estadísticas de un Estado en reconstrucción. Son las estadísticas de un Estado en contracción. La crisis de seguridad, de la que se culpó a la gobernanza democrática por no haberla contenido, ha empeorado notablemente bajo el régimen militar. Esto no es una interpretación occidental. Es aritmética.
La demolición institucional de la que nadie habla
Más allá de las fallas de seguridad, lo que el régimen de Uagadugú ha desmantelado sistemáticamente es la infraestructura misma a través de la cual los ciudadanos exigen rendición de cuentas al poder. Más de 100 partidos políticos han sido disueltos y sus bienes confiscados. La Comisión Electoral Nacional Independiente fue disuelta. El Parlamento y toda actividad política han sido suspendidos. Periodistas, líderes de la oposición política y fiscales críticos con el gobierno han sido reclutados a la fuerza y enviados al frente.
Leonardo Villalón, experto en el Sahel de la Universidad de Florida, señala que hablar el lenguaje de la democracia "solía ser necesario para que los regímenes militares se justificaran", pero observa que este régimen ahora se siente lo suficientemente seguro como para abandonar incluso esa pretensión, en parte porque ha adquirido suficiente respaldo internacional para hacerlo.
Esa cobertura internacional, la CEDEAO debilitada por la formación de la Alianza de Estados del Sahel, la Unión Africana limitada por su propia estructura de no injerencia y un sector de la opinión panafricana cooptado por la maquinaria de redes sociales del régimen, constituye en sí misma una crisis de gobernanza. Cuando los organismos regionales no pueden hacer cumplir las normas democráticas y la solidaridad continental se instrumentaliza para proteger la impunidad, todos los ciudadanos africanos se vuelven más vulnerables.
Lo que África realmente necesita
La verdadera cuestión que plantea la declaración de Traoré no es si la democracia liberal occidental es suficiente para África —no lo es—, y ese debate debería haberse debatido hace mucho tiempo. La verdadera cuestión es si la seguridad, la soberanía y el desarrollo pueden lograrse sin ningún tipo de rendición de cuentas popular. La historia no ofrece ningún ejemplo de dónde se han logrado.
África no necesita importar la democracia sin cuestionarla. Necesita construir instituciones —arraigadas en la filosofía política africana, en el ubuntu, en las tradiciones deliberativas de la propia historia de gobernanza del continente— que hagan que el poder rinda cuentas al pueblo al que dice servir. Este proyecto requiere mayor apertura política, no menor. Más libertad de prensa, no periodistas coaccionados. Más participación ciudadana, no partidos disueltos.
«La democracia mata», afirmaron el régimen armado, los asesores rusos y la pérdida del control territorial. El pueblo de Burkina Faso, entre tres y cinco millones de personas dispersas por las fronteras, merece una explicación más honesta sobre qué y quién ha estado cometiendo estos asesinatos.