El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República considera que la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) profundiza la crisis constitucional en México y amplía la cadena de ilegalidades en torno a la implementación de la reforma que somete a elección popular a las personas juzgadoras.
Movimiento Ciudadano advirtió desde el principio sobre las consecuencias de implementar una Reforma Judicial mal planteada, motivada por un ánimo de captura política contra uno de los Poderes de la Unión. Hoy enfrentamos las consecuencias de las ocurrencias e irresponsabilidad del régimen.
Desde la Bancada Naranja denunciamos una nueva cadena de ilegalidades en la instrumentación de esta reforma que radica en la creciente tensión entre el TEPJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Comité de Evaluación del Poder Judicial al buscar desacatar una suspensión concedida por un juez federal con apego a la Ley.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la Mesa Directiva del Senado de la República no tiene facultades para suplir al Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Las determinaciones realizadas por el TEPJF se contraponen con determinaciones hechas por un Juez de Distrito del mismo Poder Judicial, por lo que no hay claridad respecto a lo que debe o no acatarse.
Además, el texto constitucional establece que serán solo los Poderes quienes remitan sus postulaciones en el término del plazo previsto en la convocatoria. No puede un poder tomar determinaciones por otro Poder, que competen exclusivamente a éste y menos mediante una tómbola improvisada. Se trata de una invasión de facultades que trastoca el texto constitucional de la mal llamada reforma al Poder Judicial.
La postura de Movimiento Ciudadano ha sido consistente: la Reforma Judicial es un fracaso atribuible exclusivamente a Morena y sus aliados. En su afán de ejecutar una venganza política, plantearon una reforma improvisada, carente de análisis jurídicos y técnicos sólidos, sin un diálogo inclusivo y desatendiendo las verdaderas necesidades de justicia de los mexicanos.
La reciente resolución del Tribunal Electoral profundiza la crisis constitucional al ignorar múltiples mandatos judiciales que exigen detener este cuestionable procedimiento de elección de juzgadores. Esta decisión amplía la cadena de ilegalidades en la implementación de la reforma.
La Bancada Naranja en el Senado de la República exhorta a los partidos del régimen a detener esta simulación que socava nuestra democracia. Es imperativo respetar el Estado de Derecho y los principios constitucionales para garantizar un sistema judicial imparcial y efectivo.