Escuchó con aparente interés, pero…
“Si te parece, que los afectados busquen a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y que ella los atienda, respondió lacerante y con tono despectivo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la denuncia que padece una familia víctima de las brutales arbitrariedades de funcionarios de Capufe, en complicidad con elementos del Ejército.
Esta es la historia reseñada por Valentina Peralta, de Ecos de hoy durante la mañanera del jueves pasado.
“Presidente, usted ha dicho en incontables ocasiones que solamente siendo buenos se puede ser felices. La familia Parral Rabadán, formada por cuatro integrantes, todos con estudios profesionales y posgrados logrados con esfuerzo, trabajo e ilusiones, son el ejemplo de personas honradas y buenas en todos los aspectos de su vida, pero no pueden ser felices.
“Lo eran hasta el 24 de abril del 2010, en que su hijo Jorge, empleado federal de Capufe, fue secuestrado por un comando armado en su lugar de trabajo en el puente fronterizo de Camargo, Tamaulipas, donde era el administrador.
“Solamente por solicitar a sus jefes medidas de seguridad para el personal, fue llevado por los delincuentes a un rancho en Nuevo León, donde dos días después entró el Ejército y, como dijo el entonces presidente panista Felipe Calderón, fue ejecutado extrajudicialmente como daño colateral y desaparecido por los gobernadores priistas de Eugenio Hernández y Rodrigo Medina al esconderlo en una fosa común bajo el registro de sicarios sin identidad, aunque en sus ropas portaba su credencial del INE y de empleado de Capufe.
“Casi un año después, pudo ser encontrado y rescatado por sus padres Alicia y Jorge, y por su hermana Jesica. La familia Parral Rabadán no ha recibido justicia, aunque se cuenta con los peritajes de balística que han logrado identificar el arma y el efectivo militar al que estaba asignada. Desde entonces, la tristeza, impotencia y dolor han cubierto sus visas. Ellos perdieron a su hijo, a Jesica le fue arrebatado su único hermano.
“Sabemos que no se debe señalar a toda una institución por las acciones de algunos de sus integrantes, pero en esa época, presidente, se instruía a las Fuerzas Armadas con la consigna general de no dejar testigos, cero transparencia, sin capacitación y supervisión, ocultamiento de la verdad y total impunidad.
“Este es el contexto, presidente, que antecede y rodea una nueva injusticia contra la misma familia, por lo que ahora ellos piden su ayuda, porque mediante corrupción e influyentismo le quieren quitar a Jesica a su pequeña hija Constanza.
“En el 17 volvió a surgir la posibilidad de felicidad para la familia Parral Rabadán con el nacimiento de su única nieta, Constanza, que actualmente cuenta con cinco años de edad, hija de Jesica.
“Toda la familia está siendo víctima de diversas violencias ejercidas por el padre de la pequeña Constanza, Jesús Esteban Serrano Yáñez, con el inexplicable apoyo de la jueza Catalina Salazar González del Juzgado Séptimo de lo Familiar de Primera Instancia en Morelos, quien ha ejercido desde su cargo gran cantidad de agresiones contra Jesica y su pequeña hija Constanza, y las repercusiones de salud de sus padres Alicia y Jorge de 72 y 76 años de edad, porque la jueza ha llegado al extremo de encarcelar a Jesica y multarla por decenas de miles de pesos y entregar informes falsos al juez noveno de distrito del Décimo Octavo Circuito Judicial, Guillermo Correa Amaro, para propiciar que se ordene la ejecución de cambio de guarda y custodia a favor del padre de la niña, aunque Jesica ya la tiene asignada de forma definitiva desde que el padre las abandonó hace más de tres años.
“Es importante decir que el agresor, Jesús Esteban Serrano Yáñez, de 45 años, nunca mostró apego ni atenciones paternales por su hija. Él se dice influyente. Durante el tiempo que cohabitó con Jesica y su pequeña Constanza nunca aportó nada para la manutención de la familia; por el contrario, fue mantenido por Jesica, no trabaja, ni ha trabajado, consume drogas, ha declarado que obtiene recursos de donaciones sin explicar el origen.
“Hay peritajes sicológicos que lo señalan como violento y peligroso, incluso uno de los peritos en sicología, Diana Torres Salinas, le inició una denuncia toda vez que, terminando una audiencia judicial, el agresor la acechó y cuando la vio sola la amenazó violentamente porque su dictamen no le había resultado favorable.
“El agresor también cuenta con diversas denuncias por violencia familiar que inexplicablemente no han procedido ni han sido atendidas por las autoridades de Morelos, quienes aparentemente tienen la consigna de favorecer al agresor, quien en una de las obligadas convivencias supervisadas dentro de las instalaciones institucionales se llevó a su hija supuestamente a cambiarle el pañal fuera de la vista de las autoridades y la niña regresó llorando, con moretones en la cadera. Y desde ese día tiene terror de estar con su padre.
“Aún, ante diversos hechos similares, documentados incluso por la Comisión de Derechos Humanos estatal la jueza Catalina Salazar González ha obligado a la pequeña Constanza a la fuerza y en medio de llanto y angustia a convivir con su padre.
“Presidente, este es un caso de injusticia que se replica por el sistema, que deja de proceder conforme a la perspectiva de género, sin identificar la gravedad que representa la violencia vicaria y el inminente peligro que representa para las niñas y niños.
“Se ha procedido sin respetar el interés superior de la niñez, que señala que todas las decisiones que se tomen deben estar orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos que implica el respeto para que continúen con una vida emocionalmente sana de acuerdo con su edad, aunado a que la Ley General de Víctimas señala que todas las personas en condición de víctimas deben recibir un trato diferenciado por todas las instituciones públicas y privadas.
“Presidente, a la familia Parral Rabadán ya le debe mucho el Estado mexicano. A su hijo Jorge Antonio le incumplió el Estado en su derecho a la seguridad, a la vida, a la justicia, a la verdad, siendo asesinado a la edad de 38 años mientras cumplía su deber como servidor público federal. Lo menos que puede hacer hoy el Estado es garantizar que a la familia Parral Rabadán no se le vuelva a cometer una nueva infamia.
“Lo que la familia Parral Rabadán le solicita es que en esta llamada de auxilio les acompañe la secretaria Rosa Icela Rodríguez, que el Poder Judicial detenga cualquier agresión en su contra y, en cambio, se revise exhaustivamente la situación y derechos de la pequeña Constancia con base en la verdad y hechos ciertos en beneficios de la niña y de la familia Parral, que ya merecen recuperar un poco de su paz arrebatada, quienes, aun siendo buenos, todavía no pueden ser felices.
“La pregunta es esa”.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, si te parece, que los familiares busquen desde hoy a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Icela Rodríguez, y ella va a atenderlos.