DPL News recuerda los 10 años de la promulgación y publicación, el 11 de junio de 2013, de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México con un documento especial de análisis y reflexiones, con testimonios de algunos de los protagonistas de esa reforma estructural.
Una década de una reforma al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México no deja indiferente a nadie, cada quien destaca lo que considera más relevante de la misma y es tiempo más que suficiente para reflexionar sobre sus logros y asignaturas pendientes.
Diez años en una industria tan dinámica como la digital, cuyo motor es la innovación, demuestra que la reforma de 2013 fue pertinente para los muchos objetivos que se propuso, pero que requiere dar respuesta más rápida a las necesidades de conectividad, digitalización y a los cambios tecnológicos.
El aspecto nodal y articulador de la reforma de 2013 fue elevar a rango constitucional el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), incluida la banda ancha e Internet, en condiciones de competencia, pero también de convergencia.
Fue un hito visionario que incluso ha sido replicado en otras latitudes de América Latina que buscan declarar el acceso a Internet como un derecho humano.
Declarar las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público de interés general también fue inédito, importante en la búsqueda de una sociedad más conectada y mejor informada, lo que permitió que las telecomunicaciones fueran consideradas como un servicio esencial y prioritario durante la pandemia.
La declaración de servicio público buscaba garantizar el acceso equitativo y asequible a las tecnologías para todos los habitantes, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo social y el paso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, todavía existen importantes desafíos que impiden el pleno ejercicio de este derecho.