¿Escuchará el líder de la cuarta transformación?
Al participar en la Cuarta Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, demandó no depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares.
Subrayó que el replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos en el país, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustancial a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.
Dijo que México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. La seguridad, expresó, es una necesidad y no un campo para intereses políticos o de otra índole.
Ante ello, solicitó a los diputados que, por graves y apremiantes que sean las circunstancias en materia de seguridad pública en el país, no se renuncie a la institucionalidad civil y democrática.
La primacía de las instancias civiles sobre las militares, afirmó, no debe verse como un mero postulado teórico, sino como condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.
González Pérez participó en la Cuarta Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez, en la cual se pronunció por no depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares. Reconoció, sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y combate al crimen organizado como acción reactiva ante situaciones críticas.
Destacó que asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo y en algunos casos se ha propiciado mayor violencia.
Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que viven con miedo y dolor ante la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas.
“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza, en modo alguno, que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta”, aseguró.
Por ello, González Pérez insistió en la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores.
Apuntó que ello no es optativo ni negociable, además de condición ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales para acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.
Tras recordar los pronunciamientos que en materia de seguridad pública han hecho distintas instancias internacionales, en que se pronuncian por la reducción al máximo de la intervención de las Fuerzas Armadas en esas tareas, puntualizó que la iniciativa de reforma constitucional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma, y no se advierte, más allá de su enunciación, que la medida encuadre en una verdadera política pública o plan que marque una hoja de ruta para la atención de la seguridad pública.
Además, no queda claro cómo se desarrollan a las políticas civiles, el destino y papel de las que actualmente operan.
Aclaró que la CNDH no se opone a que haya seguridad y se persiga el delito con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y en condiciones que permitan terminar con la impunidad.
Por ello propuso a los diputados que dentro del proceso legislativo que se lleva a cabo se establezca un grupo o panel de análisis especializado y plural, para revisar la evidencia objetiva y concreta que sustente la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea.
Además, consideró que así se recogerían los elementos que se aporten para construir un esquema de seguridad pública que acepte y reconozca la necesidad temporal de participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito.
Afirmó que esto permitiría construir una ruta para corregir deficiencias y para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales, para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.
Agradeció a los diputados la oportunidad de participar en este encuentro, y expresó el interés y voluntad de la CNDH por colaborar positivamente en la revisión y construcción de esquemas normativos que permitan a las y los mexicanos alcanzar los niveles de seguridad, acceso a la justicia y vigencia de derechos que demandan y requieren.