(Investigaciones Especiales dpl news) Durante casi dos años, el debate sobre la reforma laboral para colaboradores de plataformas digitales estuvo marcado por posiciones encontradas. Unos advertían que la regulación destruiría un modelo de innovación que ha generado oportunidades económicas y de ingresos para más de un millón de personas.
Otros sostenían que era indispensable reconocer derechos laborales y acceso a la seguridad social para quienes todos los días transportan personas o entregan alimentos mediante aplicaciones. Esa discusión quedó atrás.
La reforma ya forma parte de la Ley Federal del Trabajo. El programa piloto del IMSS inició el 1 de julio de 2025. Las reglas para calcular el ingreso neto de conductores y repartidores fueron publicadas y modificadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La reforma está en operación.
Ahora corresponde a la autoridad demostrar que la ley será aplicada con el mismo rigor para todas las plataformas digitales.
Si ello no ocurre, la reforma corre el riesgo de generar exactamente el efecto contrario al que buscaba. En lugar de construir un mercado más justo, terminaría premiando a quienes incumplen y castigando a quienes decidieron asumir el costo de la regulación.
Las reformas laborales no se legitiman únicamente por su texto, sino por su aplicación uniforme. La reforma laboral mexicana creó por primera vez un régimen específico para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Aunque cuestionable, reconoció una relación laboral subordinada cuando la persona genera ingresos netos mensuales equivalentes a al menos un salario mínimo.
También estableció la obligación de inscribir a esos trabajadores al IMSS, cubrir cuotas obrero-patronales y otorgar acceso a seguridad social, riesgos de trabajo, incapacidades, pensiones, vacaciones y ahorro para la vivienda.
Se trata de un cambio profundo que impactó en el epicentro mismo del modelo de negocio de las plataformas de movilidad y entrega de alimentos. Previo a la reforma laboral, las plataformas operaron bajo un esquema en el cual los beneficios de la economía colaborativa se entregaban directamente a los conductores y repartidores. La reforma modificó esa flexibilidad que caracteriza a ese modelo de negocio.
Ahora, la legislación reconoce que el trabajador mantiene libertad para conectarse y desconectarse de la plataforma. Sin embargo, también incorpora un complejo sistema para calcular el ingreso neto mediante factores de exclusión relacionados con el vehículo utilizado (auto o moto) y determina cuándo nace la obligación de asegurar al trabajador ante el IMSS.
El diseño supone nuevos costos laborales para las plataformas y sus colaboradores. Por ello, resulta indispensable que todas las plataformas compitan y cumplan la regulación bajo exactamente las mismas condiciones.
En cualquier mercado regulado, el incumplimiento produce una ventaja competitiva artificial o desleal. Si una empresa asume plenamente el costo de la reforma laboral mientras otra logra reducirlo mediante evasiones o incumplimientos, la competencia deja de basarse en eficiencia, innovación o calidad del servicio y empieza a apoyarse en quién evade mejor las obligaciones regulatorias.
Ese escenario perjudica a la industria, particularmente a las plataformas que sí cumplen la regulación. También afecta a los trabajadores, porque sus derechos dependen de la estrategia evasora de la normatividad de cada empresa. Asimismo, daña a los usuarios, porque termina distorsionando precios, incentivos y la competencia misma. Sobra decir que también perjudica a la autoridad, cuya reforma pierde credibilidad.
Dicho incumplimiento va en contra del objetivo central de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de brindar seguridad social a los trabajadores. Por eso, la sanción a la plataforma que incumple debe ser ejemplar, ya que si una multa no supera el ahorro que representa el incumplimiento, la conducta seguirá y la multa será sólo un costo menor adicional.
Por esa razón, adquiere especial relevancia que la STPS ejerza plenamente sus facultades de inspección y verificación para que algunos actores de la industria no evadan los costos laborales ni se manipule el ingreso neto de los colaboradores.
Las auditorías no deben interpretarse como una persecución contra la innovación. Al contrario, constituyen el mecanismo mediante el cual el Estado garantiza que la innovación ocurra dentro del marco jurídico.
La historia reciente de la economía digital demuestra que las industrias tecnológicas aceptan reglas claras siempre que éstas se apliquen de manera pareja. Lo contrario genera un incentivo perverso. Las empresas que invierten en cumplimiento regulatorio financian indirectamente la ventaja competitiva de quienes deciden asumir menos obligaciones.
México ya recorrió un camino complejo para construir la reforma laboral de plataformas. Hubo años de discusión entre plataformas, autoridades, especialistas y organizaciones de trabajadores. También se diseñó un programa piloto para identificar áreas de mejora antes de consolidar el modelo. Sería un despropósito desperdiciar ese esfuerzo por una aplicación desigual de las reglas.
La economía de plataformas representa una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para jóvenes, mujeres y personas que requieren esquemas flexibles de generación de ingresos. La innovación necesita certidumbre para entregar sus beneficios a la economía, las personas y el ejercicio de derechos fundamentales como la movilidad.
La certeza aparece cuando todas las empresas conocen las obligaciones, las autoridades las hacen cumplir sin excepciones y los trabajadores pueden confiar en que sus derechos no dependerán de la plataforma para la cual deciden conectarse.
La autoridad debe demostrar que puede supervisar una industria altamente digitalizada, innovadora y de altísimas externalidades positivas. La STPS debe demostrar que la regulación puede convivir con la innovación, que una sola regulación es suficiente porque todos la cumplen, sin correr el riesgo de volverla más severa.
Si las auditorías de la STPS logran consolidar un piso parejo para todas las plataformas, la reforma laboral habrá logrado ampliar derechos sociales.
En cambio, si el cumplimiento es opcional para algunos competidores, el mensaje será que innovar dejará de depender de quién desarrolla mejores algoritmos, mejores servicios o mejores experiencias para usuarios y trabajadores y dependerá de quién encuentra la mejor forma de eludir las reglas.