Con la serie “Duda Razonable” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que víctimas del delito pagarán con impunidad por los supuestos errores del Ministerio Público, advierte María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, A.C.
“Es preocupante el proyecto formulado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para resolver el amparo directo 4/2022 relacionado con el caso de sentenciados por secuestro que fue llevado a una serie llamada “Duda Razonable”, ya que se anula por completo a la víctima del delito, lo que sienta un precedente muy grave para las miles de víctimas que hay en el país, ya que cualquier sentenciado podría caer en este supuesto, es decir, dejaron la puerta tan grande que cualquiera puede salir.
En este proyecto se le da mayor importancia a los derechos de los acusados que a los de las víctimas, cuando el proceso penal debe girar en torno a la víctima y no al imputado. La resolución es inequitativa y desequilibrada para las víctimas del delito, quienes han sufrido el daño, no se ponderan sus derechos y prácticamente se les deja fuera del proceso. Esto rompe por completo la igualdad procesal que ordena nuestra Constitución. Ejemplo de ello es que se privilegia el principio in dubio pro reo (el cual significa que, en caso de duda sobre la culpabilidad, el juez debe favorecer al acusado) y se niega el in dubio pro víctima (término utilizado por el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena que significa que ante la duda, se debe resolver en favor de la víctima), ya que ello implicaría suplir las deficiencias del Ministerio Público.
En ese sentido, claramente se advierte que con la aprobación del proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sería la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación quien prácticamente permitiría que se cuestionen todos los procesos y sentencias que se han emitido en este país bajo el argumento de que no se observó el principio in dubio pro reo y tampoco se acreditó “con el más alto nivel de exigencia posible” lo que refirieron las víctimas del delito, dejando de lado el mandato constitucional establecido en el artículo 20 de Carta Magna que instruye a que se evite que el delito quede impune, que no se castigue al responsable y mucho menos haya reparación del daño para la víctima.
En ese sentido, se reitera, el proyecto no busca que se cumplan los fines constitucionales, sino castigar a las Fiscalías (el llamado Órgano Técnico de Acusación) por supuestos errores y deficiencias en su actuar y en consecuencia, a las víctimas del delito, a pesar de que es del dominio público la inequidad en número, capacidades y presupuesto que existe entre el personal que conforma las Fiscalías y otros entes del Estado, entre ellos el Propio Poder Judicial. Sin embargo, lo más aberrante del proyecto, lo constituye esa “institucionalización” de seguir cobrando a las víctimas la consecuencia de esas fallas estructurales, y que son el pretexto para continuar liberando delincuentes incluso ya sentenciados.
Finalmente es importante resaltar, que el ministro presidente Arturo Zaldívar se jacta de ser imparcial y no interferir con los asuntos de las Salas, sin embargo, él fue quien intervino para atraer este caso y quien seguramente busca el último reconocimiento público en su gestión, liberando a los sentenciados por secuestro.
¿Y así quieren que la gente denuncie en un país tan violento, con reglas y procesos tan INEQUITATIVOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO?
LO QUE SE PROVOCARÁ ES QUE LA GENTE SE HAGA JUSTICIA POR SU PROPIA MANO, COMO YA SUCEDE EN MUCHOS LUGARES DE NUESTRO PAÍS”.