La acumulación y el sobrepeso del cableado en desuso en las calles puede causar cortocircuitos e incendios; además, las líneas que penden a baja altura o quedan tiradas sobre banquetas y vialidades se transforman en trampas que afectan a ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad.
Así lo advirtió la senadora Mariela Gutiérrez Escalante y dijo que por ello presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), para que aceleren la emisión de las normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de su infraestructura de telecomunicaciones, así como para la imposición de sanciones por la falta de retiro de ese material.
En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 9 de julio y turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, la senadora de Morena también pide a las autoridades competentes de las entidades federativas que aceleren e intensifiquen las acciones y programas para el retiro inmediato del cableado aéreo en desuso en la vía pública, en coordinación con las empresas concesionarias de telefonía e internet.
Gutiérrez Escalante señaló que la proliferación de infraestructura pasiva en desuso no constituye un fenómeno aislado ni exclusivo de la Ciudad de México; por el contrario, se trata de una problemática de dimensiones nacionales que aqueja con severa gravedad a las principales zonas metropolitanas del país.
Este riesgo latente para la seguridad de los transeúntes y la imagen urbana -dijo-, confirma la necesidad imperativa de transitar de un esquema puramente voluntario hacia la aplicación de las sanciones, a fin de que las empresas concesionarias se obliguen a asumir de forma permanente, expedita y total, la responsabilidad de limpiar el espacio público que han saturado.
Mariela Gutiérrez consideró que este exhorto no sólo es oportuno, sino jurídicamente necesario para solicitar a la autoridad regulatoria que vigile el cumplimiento de la normatividad, y que garantice que el desarrollo tecnológico no ocurra a expensas de la seguridad ciudadana y el equilibrio ambiental.