El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.
Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.
También, el impacto sobre la investigación del delito y el sistema de justicia penal, que llegaría a tener la reforma y, finalmente, la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, en función de que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado.
Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.
Explicó que en una sentencia, la propia Corte reafirma que la seguridad ciudadana debe estar asignada a los cuerpos civiles, y sólo cuando las circunstancias lo ameriten pueden involucrarse instituciones militares, pero con una participación regulada mediante protocolos del uso de la fuerza.
Destacó la necesidad de establecer un mando directo civil para la guardia y quitar la facultad de investigación a los militares. “El documento, como está, abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones castrenses”.
Se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia. Agregó que tampoco se contempla facultad del Congreso para legislar con alcance nacional sobre el nuevo organismo.