Nombres, fechas y cantidades
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, formó impresionante cadena delictiva con otros funcionarios y empresarios reclutados para construir la red de corrupción que les permitió acumular multimillonarios recursos en México, desde donde los trasladaron a paraísos fiscales para darse la gran vida con dinero del pueblo mexicano.
Así lo reseñó este jueves el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, quien se presentó en la conferencia mañanera de Palacio Nacional para exponer lo siguiente:
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.
“En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
“El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público.
“Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos, que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.
“Las personas demandadas son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando, el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años.
“Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna. El comprador, Península CAS, un valor de mercado aproximado este inmueble de 768 mil 381 dólares.
“Península MAS adquirió, 807 mil 741 tiene el valor aproximado de este inmueble.
“Jade Ocean, un millón 180 mil 800. Estamos hablando de puros dólares, aquí no hay pesos.
“Jade Ocean, por un valor aproximado actual de un millón 134 mil.
“Jade Ocean otra vez, 314 mil 880, el valor de un inmueble.
“Otra vez de Jade Ocean, 566 mil 114 dólares.
“Jade Ocean, 557 mil 688.
“Brilll, cinco mil dos, así se llama esta razón social, un millón 150 mil es aproximado el valor de este inmueble.
“Otra vez Jade Ocean con otro de 151 mil 630.
“Península SNDS tiene uno de 745 mil 872.
“Village Bay tiene uno de 262 mil 656.
“VFST tiene uno de cuatro millones 200 mil dólares.
“Sylvia Donna Pinto de Weinberg tiene uno de dos millones 232 mil 876.
“Delta Integrator tiene otro de 555 mil 800.
“Delta Integrator tiene otro más de 900 mil dólares.
“Delta Integrator tiene 510 mil 965 dólares.
“Delta Integrator tiene otro más de la esposa de la persona mencionada por 509 mil 961.
“Jagra posee uno, 469 mil 806.
“Martha Virginia Nieto Guerrero, tiene uno de 911 mil 232 dólares.
“Para un total de 17 millones 930 mil 402, son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación.
“Hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles, que son por 21 millones 725 mil 419, que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados.
“Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó como, por ejemplo, un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini.
“Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta.
“Esta lista es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.
“Hemos bloqueado, el Gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida.
“Entonces, ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás.
“Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad pues están muy interesadas, están dando seguimiento a esto, porque tiene un origen en el presupuesto local, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al Gobierno de México.
“Hay 10 empresas que fueron bloqueadas por el Gobierno de México a través de la UIF, cuyo monto bloqueado solamente fue de cuatro millones y medio de pesos. Las empresas cobraban e inmediatamente se llevaban el dinero, a ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo porque así fue.
“También hay en lo individual una serie de personas que han sido bloqueadas, están en la lista de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción, pero también por montos, algunos millones de pesos, pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México.
“Ahora bien, quiero este asunto en esto. Estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de los demandados de García Luna y demás personas y empresas, con el propósito de que ya se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo.
“Ahora, en esto, ya pasando a un tema vinculado con esto acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión apenas el 25 de enero de 2023. Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación.
“Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: ‘La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino’.
“Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República.
“¿Qué significa esto?
“Significa que la acción del gobierno, con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano, que debería interesarse justamente en lo contrario, ¿no? cualquiera lo podría suponer.
“El Gobierno de México no puede callar frente a esto porque este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden, tiene que darse, se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando”.