(dpl news) Pese a que el gobierno federal mexicano había prometido una regulación innovadora, “fuera de la caja”, relacionada con las actividades que se realizan a través de las plataformas digitales de la economía colaborativa, se dio a conocer que, en su lugar, quiere reciclar la vieja normativa laboral sólo con un empaque más lustroso.
En una entrevista con Bloomberg en Línea, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), anunció que el gobierno presentará en octubre una iniciativa de reforma para regular las actividades por medio de plataformas digitales de la economía colaborativa.
La propuesta, de acuerdo con lo dicho por la funcionaria, obligaría a las empresas de Internet como DiDi, DiDi Food, Uber, Uber Eats, Rappi y Cabify a reconocer una relación laboral con sus colaboradores y darles de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Si bien la intención es brindar seguridad social a este sector, los parámetros que contempla la reforma serían contraproducentes no sólo para el modelo de negocios de las plataformas sino, especialmente, para esta fuente de ingresos que se ha vuelto cada vez más relevante para conductores y repartidores.
Las plataformas colaborativas establecen una relación de intermediación, al unir la demanda con la oferta. Usan las tecnologías digitales para asignar y aprovechar al máximo los recursos.
Por ejemplo, conectan al conductor más cercano y disponible con personas que necesitan realizar un viaje en un momento determinado, o enlazan a consumidores con repartidores y restaurantes para hacer llegar un pedido en el menor tiempo posible.
Esta intermediación es una de las características fundamentales de las plataformas, que permite tener un modelo flexible y dinámico a favor de la generación de valor para todas las partes involucradas: consumidores, repartidores, conductores, establecimientos o comercios y las propias plataformas.
Cualquier intento por regular la economía gig debe partir de comprender la naturaleza de este nuevo modelo de negocios; de lo contrario, podría terminar por asfixiar su crecimiento y los beneficios económicos y sociales que facilita.
La irrupción de las plataformas colaborativas trae consigo una transformación del paradigma laboral: el modelo tradicional, propio de la industrialización del siglo XX, es asalariado, subordinado, jerárquico, fijo y funciona bajo una estructura de contratos; mientras que la digitalización de la economía genera un nuevo esquema, predominantemente abierto, flexible, dinámico e independiente.
Tanto los conductores de las plataformas de transporte como de las aplicaciones de reparto de bienes y productos a domicilio eligen los horarios y espacios donde realizan sus actividades, la distribución de su tiempo y la cantidad de horas que dedicarán.
No están obligados a cumplir con una jornada, un horario ni un plazo específico, ni a rendir cuentas a un “patrón”, lo cual les permite balancear esta actividad con otras responsabilidades laborales o personales.
Por ello, los rasgos más valorados por estos colaboradores son, precisamente, la flexibilidad y autonomía que les otorgan las plataformas.
Las mujeres cabezas de familia pueden, por ejemplo, realizar esta actividad para generar ingresos mientras se ocupan de otros deberes como el cuidado; en ellas recae en mayor medida este tipo de tareas. Y una persona con un trabajo primario puede conectarse a las aplicaciones para conseguir ingresos complementarios.
Asimismo, las plataformas ofrecen una alternativa para la generación de ingresos ante la falta de otras oportunidades económicas, las barreras existentes para acceder a fuentes de empleo convencionales y la falta de cualificaciones.
Durante la pandemia por la Covid-19, más personas se inscribieron a las aplicaciones como DiDi, Uber o Rappi para mantener sus ingresos.
Las actividades económicas tradicionales y la economía en su conjunto sufrieron una dura caída, pero las plataformas colaborativas sumaron colaboradores y ofrecieron una vía para amortiguar la crisis a establecimientos y restaurantes.
En 2020, el primer año de la emergencia sanitaria, las plataformas digitales se consolidaron como una alternativa de generación de ingresos para la población más afectada por la crisis, las personas migrantes o quienes perdieron su empleo, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo.
Y un informe de El Colegio de México señala que en el país las personas repartidoras de las aplicaciones valoran la flexibilidad e independencia de estas actividades, que les permite conseguir mayores ingresos respecto de los empleos tradicionales.
Los datos muestran que las plataformas colaborativas aportan al crecimiento económico de los países, a las economías familiares y satisfacen necesidades como las de consumo y movilidad.
Por parte del gobierno, es legítimo buscar un piso de seguridad social para los colaboradores de la economía gig, pero debe hacerse de forma equilibrada, racional y proporcional, velando porque esta actividad se mantenga.
No hay que apartar la vista de los casos a nivel internacional que han demostrado que una normativa rígida y propia del modelo de trabajo del siglo XX ha ocasionado más efectos negativos que beneficios.
En Ginebra, en 2020 se emitieron fallos judiciales que obligaron a Uber a contratar a los conductores como empleados subordinados, lo cual aumentó significativamente los costos de las transacciones, afectando los ingresos y los precios del servicio.
Un informe elaborado por Uber señala que, tras la regulación en la ciudad suiza, las oportunidades de ingresos a través de la aplicación se redujeron 76 por ciento, dado que las tarifas del servicio incrementaron y ello provocó a su vez una disminución de la demanda.
La regulación también dejó sin una fuente de ingresos a más de tres cuartas partes de los repartidores de Uber Eats, equivalente a mil personas de un total de mil 300 que estaban registradas en la plataforma previo a los fallos judiciales.
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Esto ocasionó serias afectaciones a conductores y repartidores, quienes sufrieron una caída de sus ingresos, perdieron la flexibilidad para distribuir su tiempo, ya no pudieron elegir sus horarios e, incluso, en algunos casos prefirieron abandonar las plataformas. En pocas palabras, nadie salió beneficiado.
La conocida Ley Rider en España ha tenido efectos similares: miles de repartidores dejaron las aplicaciones tecnológicas o tuvieron que ser dados de baja.
Para las plataformas era inviable contratarlos bajo un modelo de subordinación; los establecimientos, comercios y restaurantes perdieron una vía importante que les permitía elevar sus ingresos y llegar a más personas, y para la población en general ya no resulta tan atractivo como antes usar el servicio.
Al proponer una alternativa en la misma línea, que ponga a las plataformas en el cajón de otras actividades, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también está ignorando las demandas de al menos una parte de las y los colaboradores de las plataformas.
En agosto, los colectivos Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos emitieron un posicionamiento en el cual piden a la dependencia que mantenga “un modelo flexible que nos permita trabajar a las horas que queramos, donde queramos y para tantas plataformas como queramos”.
Dichos grupos advirtieron que una propuesta demasiado rígida, como la que se promueve a favor de la sindicalización, les afectaría, no toma en cuenta sus necesidades ni vela por sus derechos y sus demandas, como la de obtener apoyo para su seguridad y en caso de incidentes, no discriminación y trato digno.
Las plataformas colaborativas se han mostrado abiertas al diálogo y a buscar modelos y mecanismos innovadores para brindar un piso de seguridad social a conductores y repartidores que lo deseen, resguardando la flexibilidad e independencia.
Promover una normativa que en realidad no cambiaría ni aportaría nada es una puerta falsa, sólo mataría un nuevo modelo económico, social y de generación de ingresos que apenas está despegando.