Histórica decisión legislativa
Este miércoles 15 de marzo de 2023 el Senado de la República aprobó la desaparición de la Ley de Imprenta que estaba en vigor desde el 12 de abril de 1917, al considerar que atentaba contra el derecho de toda persona a expresarse y pensar con libertad, ordenamiento que estará en vigor una vez que el presidente de la República la publique en el Diario Oficial de la Federación.
En la exposición de motivos, las y los legisladores argumentaron que esa ley limitaba, de forma evidente y grave, el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta y por ello decidieron derogarla para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos humanos, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La votación a favor fue unánime con 92 sufragios de senadores que asistieron a trabajar, de un total de 128, e insistieron en que la libertad de expresión y de pensamiento no puede estar sujeta a censura.
También coincidieron en que es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales, con lo que advirtieron que atajarán cualquier intento de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad.
En este sentido aclararon que la decisión de derogar esa Ley de Imprenta tuvo el propósito de que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución.
Recordaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece esta parte sustancial de que la libertad de expresión y de pensamiento no puede estar sujeta a censura ni la revisión por la autoridad.
Hicieron notar que con esa derogación la Ley Sobre Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en el orden jurídico nacional, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertad de expresión, opinión y de imprenta.
Refirieron que también esa ley fue publicada antes de la Constitución Política de 1917, por lo que no sólo ha dejado de responder a la realidad, sino que resulta incompatible con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales, pues mantiene vigentes procedimientos que hace mucho tiempo fueron derogados.
De seguir vigente, explicaron, se mantendría en vigor una escala de tipologías de delitos que pueden dañar gravemente la libertad de expresión, prensa, opinión y manifestación de ideas.