Por Eduardo Sadot
Las expresiones deferentes sin apodos desde Palacio Nacional aparentando “respeto” dirigiéndose a los señores de la droga, mientras trata con desprecio al resto de sus enemigos que pretende disimular como “adversarios”, refiriéndose con apodos como fachos, fifis, neoliberales acompañadas de esa risa burlona mientras, con gesto de debilidad enfermiza, con la mirada extraviada, busca la aprobación de la audiencia en donde se encuentre, es presagio del derrumbe de “la autoridad moral” con el caso Zambada.
No tener idea de lo que sucede en el país que gobierna, mientras el gobernador de Sinaloa en conferencia de prensa declara que aunque no estaba en su Estado sí tenía información de lo que estaba sucediendo paso a paso, entonces suponemos que de eso “no le informó al presidente”, ¿o sí?
Pero no es conveniente ahora aceptarlo, como lo dejó ver al frenar en la mañanera la intervención de la secretaria de seguridad que incluso siendo una mujer talentosa e incondicional del presidente, públicamente tuvo que disculparse diciendo que “mejor uno consulta, verdad”.
Ya hay una versión oficial del ciudadano, Ismael Zambada, sí ciudadano, porque cualquier actividad delictiva sin ser juzgada no le quita la calidad de ciudadanía, y si se prueba que fue llevado por la fuerza y con engaños a los Estados Unidos, el gobierno de México debe exigir que lo regresen porque se violentaron sus derechos. Pero también, hay una recompensa de 15 millones de dólares en juego, que habrá que preguntarle al embajador Ken Salazar a quien se los van a pagar.
Pero el tema no termina ahí. De acuerdo a lo declarado por el C. Zambada, fue sacado del país a la fuerza, eso se traduce que fue sacado ilegalmente y también ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, con ello se violentaron las leyes de ambos países. Ello nos remite a señalar, que en México, mientras no se le pruebe a una persona si es culpable se presume su inocencia, Constitución artículo 20.B.I.
Entonces el ciudadano Ismael (el Mayo) Zambada, es inocente en tanto no se pruebe lo contrario, es obligación del presidente de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, proteger a todo ciudadano mexicano, de acuerdo con los artículos 14 y 16 constitucionales, y como el presunto delito de secuestro se cometió en territorio nacional, el presidente de México debe exigir al gobierno de Estados Unidos, que le sea entregado a México, el ciudadano Zambada junto con los implicados en el secuestro, para que primero, sean juzgados, en territorio nacional.
Ahora sí vamos a ver de qué está hecho el presidente de México, porque si existe algún compromiso con el C. Zambada o con el ciudadano Joaquín (Chapo) Guzmán López o con ambos, es el momento de cumplirles y hay el fundamento jurídico para hacerlo, pero ya. Y si no hay compromiso también, apegados estrictamente a derecho, son ciudadanos mexicanos.
Porque el tiempo apremia, Palacio Nacional debe pronunciarse, quizá por eso no se le permitió a la secretaria de Seguridad ahondar sobre el tema, pues se le ve venir encima un iceberg al gobierno. Sería muy irresponsable dejar el paquete a la presidente entrante. Y el riesgo de un baño de sangre en la región, es latente, pero solo beneficiaría a otros grupos delictivos ajenos a los involucrados.
Por eso las declaraciones tan precisas del embajador Ken Salazar, para no ser acusados de violentar la soberanía nacional y los tratados internacionales, como antes fue el caso del doctor Álvarez Machain sobre el tema de Kiki Camarena en mayo de 1990.
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