Por Violeta Contreras García
(dpj news) “La actual política fiscal en términos del espectro radioeléctrico es un perder, perder, perder”; pierden los operadores de telecomunicaciones, las personas, el regulador y el gobierno mexicano, advirtió Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante el evento México 5G, organizado por DPL Live, Navarrete explicó que los altos costos del recurso radioeléctrico en el país generan obstáculos para expandir la conectividad en las zonas rurales y desatendidas, inhiben las inversiones, dificultan el despliegue de infraestructura y, paradójicamente, afectan la recaudación por parte del Estado.
“Hay una distorsión enorme que se produce en cómo se cobra el espectro en nuestro país. Más del 85 por ciento del costo del espectro ya está fijado en la Ley de Derechos, que están muy por encima de la media internacional”, señaló el funcionario.
Además, comentó que el IFT ha elaborado estudios para mostrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso los efectos de esta distorsión, aunque hasta ahora la política fiscal no ha cambiado. Y aunque el Instituto no cobrara nada por la asignación de frecuencias, los pagos por los derechos de uso del espectro que deben cubrir los operadores están por encima del promedio en América Latina.
Lucas Gallitto, director de la GSMA en América Latina, coincidió en que el encarecimiento del espectro tiene un impacto social, pues merma la calidad de los servicios de telefonía e Internet y disminuye la posibilidad de que los proveedores ofrezcan servicios innovadores para la ciudadanía y las empresas.
En México, agregó, el precio del recurso radioeléctrico “no es resultado de un proceso competitivo” en el que los operadores pujan por conseguir frecuencias y se prioricen las metas de conectividad, sino de una visión recaudatoria.
Al respecto, Salma Jalife, presidenta del Centro México Digital, explicó que el fondo de esta situación se puede explicar por diversos factores: la inercia histórica causada por el panorama de competencia en el país, la falta de un Fondo de Servicio Universal para la conectividad, los problemas del gobierno para recaudar ingresos y la deficiente comunicación entre las múltiples partes.
Jalife puntualizó que existe una suerte de pared de por medio entre el Congreso, la Secretaría de Hacienda y los operadores para lograr acuerdos de manera que todos estén igual de descontentos; es decir, que cada parte tenga que ceder con el fin de que haya beneficios para todos.
Esto permitirá mejorar la calidad y asequibilidad de los servicios, especialmente el de la banda ancha, ya que en 2021 la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible encontró que el acceso al Internet de banda ancha empeoró alrededor del mundo, comentó Óscar León, Secretario General de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel).
Asimismo, los panelistas coincidieron en que cambiar el enfoque de la política fiscal del espectro en México incentivará el despliegue de 5G. César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei, afirmó que se podrían tomar como ejemplo los casos de Chile y Brasil, donde ya se realizaron subastas de espectro 5G con compromisos de cobertura, y además disponer de suficientes frecuencias en las bandas medias, que permitirán el despliegue de 5G en el corto y mediano plazo.