El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud, ha realizado distintas acciones para proteger y atender a las personas privadas de la libertad, a sus familias y al personal desde el inicio de la epidemia por COVID-19, lo que ha permitido contener los contagios con respeto irrestricto a los derechos humanos.
La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en los 13 centros penitenciarios de la capital, donde hay 26 mil 431 personas privadas de la libertad, se aplican medidas para evitar una problemática mayor durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Agradeció el apoyo de las comisiones local y nacional de Derechos Humanos, que supervisan y certifican la atención que se brinda a las personas que por su condición son vulnerables ante la epidemia, así como las medidas adoptadas y las buenas prácticas realizadas.
Del 6 de abril al 12 de julio, se han aplicado 4 mil 607 pruebas COVID-19 a personas de recién ingreso en los centros penitenciarios o que presentaban síntomas, de las cuales 73 resultaron positivas, es decir, el 0.27% del total de la población penitenciaria.
Explicó que se equipó a los centros penitenciarios con computadoras para implementar la comunicación a través de videollamadas con sus familiares y desde el 26 de marzo iniciaron diversas acciones que han permitido disminuir la visita presencial en 70%. Asimismo, se colocaron micas en las mesas de convivencia y 12 cabinas sanitizantes en los accesos a los centros penitenciarios.
Previamente, se hizo un trabajo de sensibilización con la población penitenciaria para evitar el ingreso de personas adultas mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, y se sigue un protocolo especial para avisar por teléfono a las familias de quienes resultan con COVID-19 y mantenerlas informadas de la condición de salud de la persona en forma periódica.
También se instalaron ocho carpas en seis reclusorios para la recuperación de las personas enfermas.
Para trasladar a un hospital a las personas privadas de la libertad que lo requieran, se cuenta con siete ambulancias de alta especialidad, operadas por personal calificado y se acondicionó el Hospital General Torre Médica Tepepan.
El subsecretario de Sistema Penitenciario determinó llevar a cabo el traslado de 115 personas privadas de la libertad completamente sanas, pero en condición vulnerable, del Reclusorio Oriente al Anexo Oriente, para su protección y cuidado.
En coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México, se instalaron 18 salas de videoaudiencia en el Reclusorio Sur y 6 en el femenil de Santa Martha para disminuir el riesgo de contagios. Además, se dotó a todas las personas privadas de la libertad de cubrebocas reutilizables hasta en dos ocasiones.
La Secretaria de Gobierno destacó que, para la protección del personal de seguridad y custodia, se les ha proporcionado el equipamiento e insumos necesarios, garantizando así el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
También se instalaron cabinas especiales para la protección de médicos que realizan la toma de muestras para la prueba COVID-19 y se entregaron a la Dirección del Hospital General Torre Médica Tepepan cánulas nasales, cubrebocas N95, guantes, caretas, overoles, oxímetros, lentes y baumanómetros.