El presupuesto federal destinado a la política ambiental en México ha disminuido, aunque este no es un problema reciente; sin embargo, implica una serie de riesgos ecológicos, hidrológicos y climáticos, consideraron investigadores de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Al participar en la mesa “La erosión presupuestal de la política ambiental mexicana: evidencias, argumentos y riesgos”, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Minería, Eduardo Vega López, Veronique Deli Meadows y Luis Miguel Galindo Paliza, coincidieron en señalar que se requiere aumentar los recursos a este sector.
Eduardo Vega López, director de la FE, resaltó que los recursos públicos destinados a temas ambientales ligados a conservación ecológica, descontaminación de entornos naturales, protección de recursos y al aprovechamiento sustentable de los ecosistemas del país, requieren de presupuesto federal mayor y mejor instrumentado.
Indicó que en 2008 los recursos destinados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales representaron dos por ciento del gasto público; sin embargo, hoy es de 0.7 por ciento.
Expuso que la Comisión Nacional del Agua, responsable de proteger las cuencas y los sistemas hidrológicos, disponía de un presupuesto ascendente de 2008 a 2015, pero a partir de 2016 a la fecha se ha reducido.
A su vez, Veronique Deli Meadows, coordinadora de Educación Continua de la FE, consideró que la calidad del aire requiere la atención de especialistas y del consecuente presupuesto que la acompañe, “porque si no, podría generar costos adicionales sustantivos para la salud y, por tanto, para la economía del país”.
Mencionó que en 2016 México destinó 1.2 por ciento del presupuesto federal a la protección del medio ambiente, porcentaje que pareciera en sintonía con la media del conjunto de los países europeos y de algunos que forman parte de la OCDE, que fue de 1.6.
Sin embargo, de 70 a 80 por ciento de ese presupuesto se dedica al agua, y solo 25 por ciento en promedio al resto de los temas ambientales. México destina 0.3 por ciento del presupuesto federal a la protección del medio ambiente, sin gran participación complementaria del sector privado.
En su intervención, Luis Miguel Galindo, profesor de la FE, aseguró que no hay una relación directa entre la recaudación y lo que se gasta en medio ambiente.
El especialista dijo que en el rubro de ingresos tendría que participar de manera más relevante la parte fiscal verde, eso abre un conjunto de oportunidades para atender las externalidades negativas que enfrenta México, como la contaminación atmosférica; además, amplía el margen de maniobra del gasto ambiental o verde.
Los impuestos verdes permiten reducir la externalidad negativa y generar ingresos fiscales adicionales para el gobierno. Entre las cargas fiscales que podrían establecerse están las relacionadas con la energía, como los impuestos al carbono, a la electricidad y a la gasolina, entre otros.