México enfrenta grandes retos en materia de federalismo fiscal; inversión pública; combate al centralismo y violencia e inseguridad, lo que obliga a revisar el pacto fiscal a través de una Convención Nacional Hacendaria, en donde lejos de destruirlo, se reforme buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados.
Todas las fuerzas políticas tenemos el compromiso con el país; debemos aspirar a una mayor colaboración, más allá de las diferencias ideológicas.
Hoy en día, los estados resienten los embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del pacto federal.
Hacemos un llamado a construir contrapesos institucionales y medios que permitan una distribución más equitativa de las responsabilidades entre la Federación y los estados, pues pareciera que la condición irrenunciable de la 4T es ser centralista; es decir, andresmanuelista, si no, no funciona.
Tenemos el reto del fortalecimiento de las instituciones y el combate al centralismo. Se necesita: uno, fortalecer las instituciones; dos, descentralizar; tres, respetar la división de poderes, la soberanía de estados y municipios; y, por último, establecer claramente las responsabilidades de la Federación, y los estados.
El futuro del federalismo evoca al menos cuatro grandes retos que México enfrenta: federalismo fiscal; inversión pública; combate al centralismo y violencia e inseguridad.
La revisión del pacto fiscal es una necesidad urgente y apremiante. El objetivo de reducir y equilibrar las diferencias entre norte, centro y sur del país sigue más vigente que nunca, pues se requiere incorporar la justicia redistributiva a las reglas de asignación de los recursos fiscales, ya que el problema no es sólo que la distribución del gasto federal, en relación con las aportaciones que efectúan las entidades, sino que los recursos extra obtenidos por los estados y municipios deberían poder dirigirse a asumir mayores responsabilidades en ciertos ámbitos que siguen centralizados.
No se trata de destruir el pacto fiscal o de abandonarlo, sino de actualizar y mejorar el acuerdo y las competencias entre Federación, estados y municipios tanto respecto a ingresos como a gastos.
El segundo reto tiene que ver con la inversión pública. Los estados deben destinar más recursos a la inversión y menos a la deuda, y para ello se necesita trabajar en dos vías: evitar el despilfarro y el desvío, y a la par, ser más equitativos con ellos para que no tengan que endeudarse.
Una triste realidad es que la mitad de los gobiernos estatales del país gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Si consideramos que un importante detonante de la inversión privada es la inversión pública, debemos reconocer que estamos frente a un problema de fondo.
En conjunto, 15 estados tienen etiquetados más de 48 mil 983 millones de pesos para deuda pública, lo que incluye pago de intereses, comisiones y gastos financieros y en contrate, su presupuesto para inversión pública asciende a menos de 17 mil 500 millones comprendiendo esta cifra construcción de obras, hospitales, escuelas, entre otras áreas públicas.
Sin duda, la distribución inequitativa de las participaciones federales ha agudizado las desigualdades regionales en lugar de atenuarlas.