*El ambulantaje en Benito Juárez: Entre la simulación y la complicidad
El ambulantaje es un problema urbano que ha perdurado durante décadas en las principales ciudades de México, y Benito Juárez, una de las alcaldías más cotizadas de la Ciudad de México, no es la excepción.
A pesar de los “esfuerzos visibles” del gobierno local por erradicar los puestos ambulantes, el problema persiste debido a una combinación de intereses políticos, corrupción y complicidad social.
La alcaldía, gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) durante varios años, ha promovido repetidamente la idea de "ordenar" la vía pública y recuperar el espacio, pero estas medidas suelen ser más una actuación política que una solución real.
Las autoridades locales llevan a cabo operativos para desalojar a los vendedores ambulantes, los cuales son difundidos como parte de una estrategia para mostrar que se está actuando en favor del orden. Sin embargo, estos operativos son inconsistentes y selectivos, ya que muchos vendedores se reubican a unos metros de donde estaban.
La razón de esta ineficacia es la corrupción: algunos vendedores pagan "mordidas" a funcionarios para seguir operando sin problema, lo que desvirtúa la lucha contra el ambulantaje y beneficia a unos pocos.
Esta simulación de control urbano genera una falsa sensación de acción pública, mientras que, en la práctica, el problema no solo persiste, sino que crece.
Los puestos ambulantes se han desplazado hacia nuevas zonas, ocupando calles y banquetas claves de Benito Juárez, lo que afecta la movilidad, genera conflictos viales y aumenta el riesgo sanitario, especialmente en áreas cercanas a hospitales, como el 20 de Noviembre, donde alimentos y productos quedan expuestos al aire libre. Sin embargo, esta situación parece no preocupar a muchos.
Un factor clave que perpetúa el ambulantaje es la complicidad ciudadana. Aunque los vecinos se quejan del desorden generado por los vendedores informales, muchos de ellos son los primeros en comprar en estos puestos, atraídos por los precios bajos y la comodidad.
Este consumo fomenta el ciclo del ambulantaje, pues sin demanda, los vendedores no podrían mantenerse. De esta forma, el comercio informal se normaliza, convirtiéndose en una opción aceptable para gran parte de la población.
Tal situación también se vincula con la desigualdad social aunque muchos vendedores ambulantes que se escudan detrás de ella ganan más que los comerciantes establecidos, ya que operan con costos muy bajos: no pagan renta, no tienen que cumplir con regulaciones estrictas de higiene o seguridad, evaden impuestos y religiosamente cumplen con su “moche” que le dan a la “autoridad” hipócrita y corrupta.
Esto les permite ofrecer precios más competitivos, lo que atrae tanto a los residentes de la alcaldía como a los visitantes. La competencia desleal con los comercios formales distorsiona la economía local y crea un ambiente en el que los comerciantes establecidos no pueden competir en términos de precio y flexibilidad, lo que lleva a una pérdida de competitividad.
Esta dinámica de competencia desleal genera una resistencia social y política al reordenamiento urbano, ya que muchos, incluso dentro del sector formal, se benefician indirectamente del comercio informal.
Esto plantea una contradicción: se favorece el comercio informal que no cumple con las normas, mientras que el comercio formal, que paga impuestos y cumple con regulaciones, se ve presionado. Este doble estándar alimenta aún más el problema.
Para abordar el fenómeno, es necesario un plan integral que no dependa de medidas superficiales u operativos puntuales. Se requiere la regulación del comercio informal, así como la creación de espacios adecuados para los vendedores ambulantes, donde puedan operar legalmente sin afectar la movilidad o el orden público.
Es fundamental que se implementen permisos claros y tarifas justas, eliminando los pagos informales que perpetúan la corrupción. Además, se debe concientizar a la población sobre los riesgos del consumo en puestos informales, incentivando el apoyo al comercio formal y fomentando el orden en las calles; por si todo lo anterior fuera poco debe castigarse al servidor público que extorsiona a los vendedores ambulantes.
Aunque la autoridad no tiene prisa, urge encontrar soluciones para erradicar el ambulantaje, las cuales podrían ser las siguientes:
Creación de espacios comerciales regulados: Establecer áreas específicas y mercados donde los vendedores ambulantes puedan operar legalmente, cumpliendo con normativas de higiene y seguridad.
Sistema de permisos y tarifas claras: Implementar un sistema de permisos para vendedores ambulantes, con tarifas claras y reguladas, eliminando los pagos informales que alimentan la corrupción.
Campañas de concientización ciudadana: Educar a la población sobre los efectos negativos del consumo en puestos informales, fomentando el apoyo al comercio formal y la compra responsable.
Mejora de la infraestructura urbana: Invertir en la mejora de las banquetas y espacios públicos, asegurando que haya suficiente espacio para la movilidad peatonal y el orden en la vía pública.
Incorporación de vendedores al sistema económico formal: Ofrecer programas de capacitación y recursos para que los vendedores ambulantes puedan formalizar sus negocios y acceder a los mismos beneficios fiscales y de seguridad social que los comercios establecidos.
Tal vez la más importante sería denunciar a los servidores públicos corruptos que a cambio de dinero dejan hacer lo que les viene en gana a los informales; y denunciar también a aquellas personas que ofrecen dinero para adueñarse del espacio público.
Si bien es cierto que el ambulantaje se da en todo México, en la alcaldía Benito Juárez es un fenómeno complejo que involucra factores de corrupción, complicidad social y desigualdad económica.
Para abordarlo de manera efectiva, es necesario un enfoque que no solo regule la actividad informal, sino que también fomente la creación de oportunidades para la formalización del comercio y el ordenamiento urbano.
Solo con políticas públicas coherentes, el compromiso ciudadano y la creación de espacios adecuados se podrá lograr un equilibrio entre los intereses de los vendedores informales y el derecho de los ciudadanos a vivir en un espacio público ordenado y seguro.
Hasta la próxima.