*Financiamiento político: una burla social
Otra puntada más de los despistados legisladores con el presupuesto asignado a los partidos políticos mexicanos para 2025. Lo anterior es un claro reflejo de las contradicciones y vicios del sistema político actual, como siempre ha sido, un desatino que, lejos de responder a las necesidades sociales del país, es un mecanismo para perpetuarse en el poder y enriquecer a las cúpulas partidarias, esas que se desgarran las vestiduras cuando dicen que luchan por un México mejor.
El descarado hecho de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibirá casi 4,000 millones de pesos de financiamiento público (34% del total destinado a los partidos) es una burla social y una afrenta a los mexicanos.
En un momento en el que la austeridad y la eficiencia deben ser la norma, con este desmesurado gasto se muestra la hipocresía del discurso oficial, el servilismo, la vileza y la avaricia de los legisladores que votaron para que tal dislate se hiciera realidad.
Morena, como el partido más votado en las elecciones pasadas, acapara la rebanada más grande del presupuesto que, comparado con lo que otros sectores del Estado reciben, es desproporcionada, contraria al discurso de austeridad republicana que realiza recortes a organismos autónomos y programas sociales esenciales.
Con 43.5% de los votos, obtuvo recursos tres veces más que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo a punto de desaparecer; y ocho veces mayor que la destinada a los refugios para mujeres víctimas de violencia de género, un problema de salud pública que cobra miles de vidas cada año.
En términos de migración, una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibirá menos de la mitad que el partido gobernante, una contradicción evidente pues sus militantes, por consigna e hipocresía, no se cansan de enfatizar de que se debe combatir el despilfarro y enaltecer la austeridad.
Este desajuste en las prioridades de gasto público es una de las falencias del sistema político mexicano que emplea el financiamiento a los partidos como herramienta para mantener el statu quo. En lugar de asignar recursos a la solución de los problemas sociales más apremiantes, usan el dinero público para perpetuarse en el poder, sin ningún tipo de rendición de cuentas.
El hecho de que Morena reciba tal cantidad de dinero muestra una contradicción en las políticas del actual gobierno, y el financiamiento partidista sigue inflándose.
Los partidos políticos en México, lejos de ser actores comprometidos con el bienestar social, son estructuras clientelistas que dependen de la asignación de recursos públicos para financiar sus campañas y enriquecer a sus dirigentes. Mientras la pobreza, la inseguridad y la violencia afectan a millones de mexicanos, las cúpulas partidarias se benefician de un sistema que les asegura recursos casi ilimitados.
Es indignante ver cómo, con el pretexto de la democracia y el pluralismo, el sistema de financiamiento público a los partidos aumenta, mientras que los pequeños partidos y, sobre todo, la sociedad, quedan marginados. Parafraseando: no puede haber partido político rico con pueblo pobre.
La asignación de estos recursos sigue favoreciendo a los partidos tradicionales, como Morena, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, y que obvia por completo las necesidades del pueblo.
Mientras los partidos más pequeños, como Movimiento Ciudadano, reciben montos mucho menores, la brecha entre los recursos destinados a la política y los recursos destinados a los programas sociales continúa ampliándose.
El financiamiento a Morena es más de dos veces el presupuesto del INM, una dependencia fundamental para atender las crecientes necesidades de los migrantes que cruzan el país. Este desfase entre las necesidades sociales y el financiamiento político evidencia la ineficiencia del sistema de partidos y la falta de compromiso real con el bienestar de la ciudadanía que no fortalece la democracia, sino que alimenta las estructuras de poder que ya existen y que se perpetúan a través de la asignación de recursos millonarios.
Esta concentración de dinero limita la competencia electoral y crea un círculo vicioso en el que los partidos se ven cada vez más dependientes de los recursos públicos para mantener el control. La dinámica es peligrosa porque hace que la política se convierta en un negocio donde lo que menos importa es el bienestar de la población y lo que más importa es la permanencia en el poder.
Además, el uso discrecional de estos recursos por parte de los dirigentes políticos generó prácticas corruptas que socavan aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La falta de transparencia en el manejo del financiamiento partidista es una de las grandes fallas del sistema político mexicano, pues los partidos no están supeditados a un control efectivo, y sus dirigentes, en muchos casos, enriquecen sus propios bolsillos con los recursos que deberían ser destinados al fortalecimiento de la democracia y al bienestar social.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen siendo testigos y cómplices de una política que no cumple con sus promesas y que solo sirve para alimentar los intereses personales de los políticos.
Urge una reforma profunda al sistema de financiamiento partidario que limite los recursos destinados a los partidos políticos y garantice que se utilicen de manera eficiente y transparente.
Es necesario establecer mecanismos más estrictos de control y fiscalización para que el dinero público no se desvíe hacia intereses particulares.
Solo así podremos garantizar que los recursos destinados a la política sirvan para fortalecer la democracia y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, en lugar de perpetuar un sistema de partidos que no está comprometido con los verdaderos problemas del país.
El gasto público a los partidos políticos mexicanos, y en particular el financiamiento que recibirá Morena en 2025 es un claro ejemplo de cómo el sistema político está diseñado para beneficiar a los grandes actores políticos, mientras se desatienden las necesidades de la sociedad.
Es urgente que se reforme el sistema de financiamiento partidario y se encaminen los recursos hacia los programas sociales y las instituciones que realmente benefician a la ciudadanía. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso de corrupción, ineficiencia y desigualdad.
Hasta la próxima.