*Crónica del “entre” por uso de vía pública
*El inspector recolecta y entrega a los de “arriba”
Por Ángel Pujalte Piñeiro
La idea de terminar con la corrupción desapareciendo a los inspectores es muy simple para un problema que es mucho más complejo.
Es ingenuo creer que por confiar en la gente, esta se va a portar bien. Si el problema se redujera a uno de falta de confianza, antes de confiar en la gente se debe penalizar la mentira. No es lo mismo la mentira aquí que en USA.
Allá les ha costado el puesto a dos presidentes. Y aquí es tan aceptable mentir, que hasta el expresidente “fanfarrón” cuando le preguntaron la razón por la que había mentido, contestó con todo cinismo que si no hubiera mentido no hubiera llegado a la presidencia. Y no pasó nada ni nadie se molestó.
Por eso antes de confiar en nadie se debe penalizar fuertemente y estigmatizar socialmente la mentira y a todos los delitos que la implican. En un país de mentirosos donde mentir es aceptable y no tiene consecuencias legales ni sociales no se puede confiar en la palabra de nadie. Empezando por los políticos, en el terreno público no existen las mentiras blancas.
En otro orden de ideas, es claro e indudable que existe una gran corrupción entre los inspectores de todas las ramas del gobierno. En vez de que su actuación sirva para encarrilar las actividades por el camino más conveniente para la sociedad y el bien común, los inspectores buscan cualquier pretexto que no cumpla con la normatividad, que es la referencia para dimensionar el tamaño de la mordida.
Lo que significa que mientras menos se cumpla con las normas, mayor sea el monto de la extorsión. De donde se puede calcular el punto donde se cruzan las gráficas del costo de cumplir la normatividad con la de pagar por no hacerlo. Lo que sitúa el costo mínimo, que es la elección más económica, porque los inspectores se encargan de que siempre se tenga que pagar algo.
El problema es tan añejo y esta tan arraigado que su inercia tiene una fuerza considerable que debe tomarse en cuenta y conocer sus alcances, implicaciones y raíces. Por un lado, la mayoría de los ciudadanos que deberían de cumplir una normatividad en el desarrollo de sus actividades, ni siquiera conoce dicha normatividad. Y no interesan las normas, porque no tiene sentido hacerlo. Porque de una forma u otra, los “servidores públicos” van a buscar la forma de cobrar una “cuota” por abajo de la mesa. Por lo que la experiencia enseña que en vez de perder el tiempo y esfuerzo haciéndole al cuento intentando cumplir la normatividad, es preferible dejarse de rodeos y hablar claro poniendo las cartas sobre la mesa, para arreglarse con los servidores públicos a los que les corresponde cuidar “el cumplimiento” de la ley.
Un fuerte componente de la inercia es que las burocracias cuentan con esos ingresos extras. Una gran cantidad de “servidores públicos” no “trabaja” por el sueldo nominal, sino por los ingresos extras, que normalmente son mucho más jugosos, que los oficiales. Y esos ingresos extras ya se encuentran perfectamente determinados y repartidos. En un acomodo en el que el inspector no es el que se queda con el dinero, sino solo el que lo recolecta. La punta del iceberg.
Cuando anduve de contratista de obra en la Delegación Cuauhtémoc, en el comedero alternaba con unos inspectores de vía pública. Y en una ocasión vacilando con ellos, les dije que si me prestaban su “charola”, que yo en medio día juntaría el doble que ellos y que con eso los iba a invitar a almorzar en el “Tijuana” en vez de en una fonda rascuache.
De lo que se rieron y me aclararon que eso no era posible, por varias razones. La primera es que toda la vía pública ya está perfectamente medida, fraccionada, valuada y contabilizada. Por lo que toda la labor del inspector se reduce a recolectar la cantidad de dinero que ya está perfectamente determinada. El inspector no puede recolectar más ni tampoco menos.
Ellos también me aclararon que tampoco se quedan con lo que recolectan, ya que todo lo tienen que “pasar para arriba” y dependiendo de varias cosas, a veces algo le regresan. Lo suyo, lo que les toca, se lo tienen que regresar “de arriba”. El inspector no puede “tomar su parte” ni subir las cuotas. Porque según me explicaron, si ellos se quedan con algo, al entregar cuentas les preguntan por lo faltante y si culpan a alguien que no pagó.
En ese momento, mandan a la camioneta a “levantar” al moroso con todo y su puesto y mercancía. Y al llegar el “moroso” a la Delegación va a protestar y al aclararle que lo levantaron por no pagar, él va a contestar que si pagó y que le dio su cuota completa al que dice que no la recibió. Lo que le revierte el problema al inspector.
Tampoco puede aumentar las cuotas, porque todo está ya perfectamente determinado, establecido y acordado.
El tamaño y forma del espacio por el que se paga, el monto que se debe pagar el día y hora en la que se debe pagar. Por lo que si al “inspector” se le ocurre incrementar la más mínima cantidad a la cuota. Las victimas van a protestar porque se les quiera cobrar más de lo acordado. Con lo que es otra forma en la que al final el problema se le revierte al eslabón más débil, el inspector.
Los inspectores son la parte visible pero la menos importante y culpable del problema. El núcleo de la corrupción se aloja escondido en el interior de las instituciones públicas. Donde constituyen verdaderas mafias de crimen organizado dedicadas a administrar como negocio particular los mismos asuntos públicos que en teoría, deben controlar y regular. Lo opuesto para los que la sociedad los contrato y les paga
Catervas de perniciosos “servidores públicos”, que ocasionan un daño doble, ya que por un lado cobran cuotas que son una forma de impuestos que nunca ingresan a las arcas públicas. Que es una manera de robar recursos a la sociedad y desorganizar el orden social. Recursos que se los apropian lacras sociales que perjudican a la sociedad, en vez de que se destinen a obras y servicios que beneficien a la sociedad. Nadie de la informalidad deja de pagar una extorsión o especie de impuesto que no ingresa a las arcas públicas. Esta intermediación y escamoteo de recursos es un procedimiento normal de una mafia y es crimen organizado.
Toda mafia implica complicidad de los servidores públicos que deben controlar una actividad lucrativa y en muchas actividades toda la mafia esta inserta en el gobierno, llegando a ser la totalidad de la gente que debería evitarlo. Aunque existen servidores públicos honesto y bien intencionados se reconocen porque son los que menos poder e influencia tienen.
Por otra parte, las actividades lucrativas que son extorsionadas no enfrentan regulaciones racionales que busquen dar certeza a la práctica y normalizar la calidad del servicio o producto para beneficiar los intereses del usuario final. Sino normas tortuosas, complicadas y sin sentido, que no garantizan nada ni mejoran la actividad, el servicio o producto ni benefician al usuario ni a la sociedad y en vez de ello perjudican al orden social al no controlar con sentido social a las actividades que extorsionan. Los “servidores públicos” corruptos impulsan y propician este tipo de normas que benefician su actividad informal.
Esta apropiación del sistema por parte de los “servidores públicos” corruptos, deforma con toda premeditación y alevosía el sistema legal, para propiciar el desquiciamiento del orden social. Los “servidores públicos” corruptos se reparten el sistema legal de acuerdo a su jerarquía y la cantidad de recursos que concurran en las actividades que les compete controlar.
Los funcionarios corruptos usufructúan la aplicación de las leyes y los burócratas corruptos la de los reglamentos. En ambas canchas hay actividades por las que pasa mucho dinero, que tienen mucha carne y otras por las que pasa poco, tienen poca carne. Las hay federales, estatales y otras locales.
Por lo que a los daños o deformaciones de las conductas y de la organización social, que causa la venta del incumplimiento de las normas, se debe agregar la deformación interesada del sistema legal, del manual de organización y procedimientos de la sociedad. Que puede incluir lagunas normativas, leyes y reglamentos de difícil, complicado o francamente imposible cumplimiento.
Por lo que antes de corregir las conductas desviadas se deben llenar los vacíos normativos, limpiarlo de normas tramposas y mañosas y estructurar el sistema legal en forma coherente con el bien común.
Todo lo anterior es lo teórico simple y fácil. Lo difícil y complicado va a ser cambiar todo lo que prácticamente se ha hecho una forma de vida que se basa en sus propias reglas y conforma otro sistema económico inserto dentro de la sociedad. Que es todo un mundo dentro de otro mundo. Como un tumor dentro de otro organismo del que como todo parasito se nutre y al que enferma.
De momento dejo a un lado a los “servidores públicos”, a la mafia o crimen organizado, a los hipócritas traidores “servidores públicos” que forman la quinta columna de la corrupción, para enfocar la parte de la sociedad que son los cómplices, súbditos o víctimas, de los servidores públicos corruptos, de aquellos habitantes cuya forma de vida e ingresos dependen del desorden y la ilegalidad. Los que no son empleados de gobierno sino civiles y cuyo número es mucho mayor que el de los mafiosos incrustados en el interior del servicio público y de la economía formal.
Una proporción de ellos forman parte de la economía formal, son semi delincuentes de cuello blanco. Pero otra parte son los de la abierta economía informal. Y en este país la economía informal es más grande que la formal. Y en ese mundo under ground o paralelo y oculto, conviven toda clase de personas. Desde las que han encontrado en la ilegalidad un negocio multimillonario hasta los que apenas sobreviven al día. Y abarcan todo el espectro de impactos de la criminalidad. Desde el extremo más negro, el de los cárteles de droga, homicidio, secuestro, chantaje, extorsión, fraude, robo, y pasando en el medio por la evasión fiscal, hasta llegar al otro extremo, al de los vendedores de dulces en la vía pública.
Todos los que en conjunto forman un problema que no se resuelve corriendo o inmovilizando a los inspectores ni prohibiendo la mentira, sino que se debe cambiar formas de vida y actividades lucrativas completas. Pero que es algo que se debe hacer si se quiere sacar al país del subdesarrollo y que en él exista la justicia social, el reparto equitativo de oportunidades y apertura de la movilidad social.
Lo que implica cambiar mentalidades y la forma de ver muchas cosas que hoy se ven como normales. Donde el factor común es el servicio público. Todos los cambios tocan al gobierno. En los servidores públicos esta la clave del problema. La manera de enderezar y encausar a la sociedad es cambiar la forma de pensar e interpretar al mundo de los servidores públicos que se creen depredadores de la sociedad y que los ciudadanos son su coto de caza.
En el primer mundo cuando pescan a un informal o evasor fiscal no lo satanizan ni amenazan con enviarlo al infierno, sino que le mandan a un asesor para que estudie su negocio y le enseñe a trabajar y a sacarle el mayor jugo posible a su negocio, adicionalmente le enseñan a declarar para no pagar de más, sino una parte que le permite ganancias. Me constan varios casos de sorprendidos con negocios que no cumplían las normas o no pagaban impuestos, que terminaron agradecidos con el gobierno que les enseño a trabajar y a cumplir, no solo por vivir tranquilos sino porque gracias a lo que les enseñaron, les va mejor que cuando eran informales o no pagaban impuestos.
Ese no es un gobierno bueno sino inteligente y honesto. Porque al país no le sirve tener una población que no sabe ganarse la vida en una forma útil y valiosa para la sociedad y que solo puede sobrevivir en la ilegalidad de la economía informal como esclavo de una mafia de “servidores públicos” corruptos.
Esa sería una gran cuarta transformación que debe iniciar en dos frentes: en uno se debe arreglar el sistema legal y en el otro a los servidores públicos mal acostumbrados. Y en vez de inmovilizar a los inspectores hacerlos agentes del cambio, que reeduquen a la población informal para integrarlas a la formalidad. (¿Y quién los educa a ellos? ¿Y quién diseña el nuevo orden legal? ¿Y quién amarra al tigre?)
Si todos pagan impuestos se pueden bajar a niveles decentes y si todos reman, en país no solo flota sino navega.
A ver si ahora si puedo seguir trabajando en el libro “Ley de Obras Públicas, fundamentos y complementos”. El análisis de una ley que funciona como herramienta predilecta de corrupción, por su impunidad y la cuantía de los recursos que permite desviar.
https://angelpujaltepineiro.com/, Autor de: La infracultura en la construcción, La anomia, Disección de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ¿A dónde Vamos, México? ¡Fe de Erratas del Desarrollo Nacional! y en proceso de publicación: Ley de Obras Públicas, fundamentos y complementos, El descalabro de la razón y Geopolítica, la hermana perversa de la Ingeniería Civil.