Corrupción en su máxima expresión

En los tribunales de la Ciudad de México se está manifestando la corrupción en su máxima expresión, porque avezados líderes sindicales fueron contratados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para conformar una mafia para hacer ganar las demandas a los trabajadores, muchas veces sin derecho, en contra del gobierno que se obliga a agar millonarios laudos.

Así han logrado sembrar un oculto sistema que convierte a este tribunal laboral federal en “juez y parte”, al momento de impartir supuesta justicia en favor de sus agremiados.

De acuerdo con información que se hizo llegar a esta Grilla en el Poder, trabajadores sindicalizados del Gobierno de la Ciudad de México han construido un eslabón de “justicia” laboral más, al tener a sus representantes sindicales en puestos estratégicos al interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Obviamente que esto los convierte en trabajadores intocables al momento de desacatar indicaciones de sus jefes inmediatos, además de permitirles amenazar, amedrentar, espiar y contravenir el marco laboral y el contrato colectivo de trabajo.

Desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los líderes sindicales que participan en esta corrupta estrategia, ahora empleados de ese tribunal, hacen llamadas y graban audios para amenazar al personal de estructura de las instituciones de la Ciudad de México que son demandadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde sus oficinas coordinan a sus grupos de choque que están integrados por al menos 40 personas, hombres y mujeres dispuestos a golpear y cerrar vialidades.

Cuando un empleado no quiere trabajar o no quiere cumplir con las indicaciones de su jefe inmediato, solicita un audio a su representante sindical y éste reenvía la amenaza para que se la muestre a sus jefes y así desacatar la indicación o simplemente no hacer nada durante su jornada laboral.

Otro modus operandi de estos líderes sindicales es reconocer supuestos derechos laborales; uno de ellos es reconocer antigüedad laboral inexistente, otorgar cambios en el sistema de jubilación, impedir despidos de sus agremiados a pesar de no haber laborado más de seis meses sin haber tramitado dicho permiso, el cobro de indemnizaciones por accidentes que ocurrieron en sus hogares y hacer creer que fue en horario laboral.

Todo esto con cargo a las finanzas de los contribuyentes de la Ciudad de México y contrasta con el argumento de que la 4-T ya logró limpiar a la administración pública federal de corrupción.

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