Como una forma de contribuir a fortalecer el sistema penal, combatir la inseguridad, evitar la impunidad y la evasión de la justicia, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en votación dividida la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.
Al presentar el dictamen para aprobar las modificaciones al artículo 19 de la Carta Magna planteadas por el Congreso de la Unión, el diputado Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, se manifestó a favor de esta reforma.
El legislador de MORENA explicó que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son: el abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio, violación; secuestro; trata de personas; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción con enriquecimiento ilícito, y ejercicio abusivo de funciones.
También: robo al transporte de carga; delitos en materia de hidrocarburos; desaparición forzada de personas; desaparición cometida por particulares; delitos cometidos por medios violentos, como armas y explosivos; delitos cometidos con armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.
En sesión especial del Congreso local, el diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que esta reforma constitucional representa la primera evaluación a profundidad que se hace a partir de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
Santillán Pérez destacó el feminicidio, abuso sexual, robo a casa habitación, delitos con uso de armas de fuego exclusivo del Ejército, uso político de programas sociales, enriquecimiento ilícito y robo de combustibles (huachicoleo) como delitos que dañan gravemente a la sociedad y requieren la prisión preventiva oficiosa.
“Las personas que son imputadas por estos delitos, evidentemente tienen un alto grado de peligrosidad y una alta probabilidad de pretender evadirse de la acción de la justicia. Por lo tanto, en estos casos el Estado, para salvaguardar la integridad de la sociedad en su conjunto, y la presunción de inocencia, garantiza que estas personas puedan llevar a cabo su proceso privadas de la libertad a través de esta importante figura de la prisión preventiva oficiosa”, argumentó.
El diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Miguel Ángel Álvarez Melo dijo estar a favor de esta reforma y aseguró que los delitos contenidos en este catálogo atienden a una demanda ciudadana y de ninguna manera atentan contra el sistema garantista.
“Atienden a una necesidad y preocupación social que quedó pendiente desde años atrás, sancionar las prácticas de corrupción, fraude electoral y uso indebido de programas sociales; por tanto, se busca proteger los procesos electorales, la rectitud del Estado, la honradez de los servidores públicos y la tutela de los recursos energéticos de la nación, la libertad y la protección del menor”.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Alessandra Rojo de la Vega señaló que después de un proceso en el que se escucharon las voces de especialistas en la materia, “hoy tenemos la responsabilidad de validar una reforma que se centra en delitos que ameritarán la imposición de prisión preventiva para aquellos que realicen una serie de conductas que han impactado y han generado en la sociedad una sensación de injusticia e impunidad en la sociedad”.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Salazar aseguró tener muy claros los retos que enfrenta el Estado, en materia de seguridad y violencia, mismos que deben enfrentarse de acuerdo a lo establecido en materia de derechos humanos, por lo que destacó la importancia de cuestionarse sobre si la iniciativa que propone la prisión preventiva violenta la presunción de inocencia.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho Bastida afirmó estar consciente de que esta medida requiere “un tiempo prudente para su realización. Tenemos clara la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país y las demandas ciudadanas que piden evitar que las personas que comenten aquellos delitos que más afectan a la sociedad, sigan en libertad”.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, se pronunció en contra de este dictamen, con el que se pasa de siete a 16 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero señaló que dentro de su grupo parlamentario el voto sería diferenciado.
El diputado Christian Von Roehrich de la Isla, del PAN, fracción parlamentaria que también tuvo voto diferenciado, se manifestó a favor de este dictamen, por ser una forma de combatir los altos índices delictivos, que se han convertido en un “flagelo social”.
Asimismo, llamó a los integrantes del Poder Judicial a evitar la fabricación de culpables y la violación de los derechos humanos de los inculpados.
Por parte de MORENA, el diputado Eduardo Santillán subió nuevamente a tribuna, y aseguró que con las modificaciones al artículo 19 se busca disminuir la comisión de delitos y reforzar el respeto a la ley y el derecho a la seguridad de la ciudadanía, al lograr que el Estado mexicano cuente con más elementos para combatir la delincuencia.
Antes de la votación, los diputados Jorge Triana Tena (PAN) y Jorge Gaviño Ambriz (PRD) subieron a tribuna para hablar en contra de este dictamen. Coincidieron en que éste “representa un retroceso al sistema de impartición de justicia, por afectar los derechos humanos de los acusados”.
Los legisladores Héctor Barrera Marmolejo (PAN), Carlos Hernández Mirón (MORENA) y Evelyn Parra Álvarez (PRD) argumentaron a favor de esta reforma, “por contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población”.
Asimismo, los diputados Nazario Norberto Sánchez y Alberto Martínez Urincho, ambos de MORENA, subieron a tribuna para razonar su voto, manifestándose también a favor de las modificaciones.
El dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, con 51 votos a favor, ocho en contra y una abstención.