Alfredo Castillo Cervantes, considerado uno de los exfuncionarios más cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue sometido a exhaustivo procedimiento de responsabilidades durante el tiempo de servidor público y se encontró que omitió declarar la procedencia de 18 millones 300 mil pesos.
La secretaria de la Función Pública informó que por ello se ordenó inhabilitarlo por un periodo de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Castillo Cervantes llegó al equipo de Peña Nieto procedente del gobierno del Estado de México y entre otros cargos ocupó el de comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Al término del sexenio ocupaba la titularidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Durante la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aportó pruebas contundentes para comprobar que el exfuncionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.
La sanción, que le fue notificada por la secretaría de la Función Pública, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que Castillo Cervantes faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de los años 2014, 2015 y 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que es merecedor de la inhabilitación correspondiente.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.