Por Efrén Páez Jiménez
(dpl news) El apoyo a la operación de operadores comunitarios, mediante nueva regulación y alternativas de financiamiento para el despliegue de infraestructura, permitiría acelerar los esfuerzos para el cierre de la brecha digital en el mundo, señala el reporte Mecanismos de financiación de la infraestructura de Internet de propiedad local, elaborado por Connect Humanity.
Se estima que la brecha digital, es decir, la población sin acceso a servicios de Internet, es de cerca de 2.9 mil millones de personas ó 37.5 por ciento de la población a nivel global. Sin embargo, esta población se ubica usualmente en zonas remotas y/o rurales que son difíciles de alcanzar mediante los mecanismos tradicionales de mercado, ya sea por los altos costos de despliegue de infraestructura o el poco atractivo comercial para operadores tradicionales.
Aunque los operadores comerciales han logrado conectar a miles de millones de personas en el mundo, comienzan a llegar a su límite. “Simplemente no está en sus modelos de negocio invertir en comunidades de bajos ingresos, usualmente rurales, que no ofrecen los márgenes de beneficios que usualmente esperan”, advierte el informe.
En ese sentido, se deben explorar nuevas alternativas como el impulso a los proveedores comunitarios de conectividad (CCP, por sus siglas en inglés), ya sean redes municipales o empresas sociales, que ayuden a superar esta brecha en aquellas zonas que carecen de infraestructura o servicios asequibles y de calidad.
“La mayoría de los CCPs operan para cerrar la brecha digital en regiones que tradicionalmente se han clasificado como ‘no rentables’. De manera importante, ayudan a crear y retener valor dentro de las comunidades locales”, explica.
A pesar del papel que podrían desempeñar como habilitadores de conectividad, el informe advierte que este tipo de esquemas usualmente tienen dificultades para acceder al capital necesario para el despliegue de la red, por lo que se requiere de una nueva “infraestructura financiera” que impulse la operación de este tipo de proveedores.
“El acceso inclusivo de Internet sólo se puede desbloquear a través de la financiación y la intervención política. Mientras que un significativo monto de inversión se requiere para cerrar la brecha digital y asegurar la conectividad universal, las reformas política y regulatoria desempeñan un papel importante para habilitar el acceso a conectividad asequible”, señala el reporte.
El informe cita los montos requeridos de inversión calculados por otras organizaciones para cerrar la brecha digital. Por ejemplo, las asociaciones A4AI y GSMA, en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), calculan que se requieren cerca de 428 mil millones de dólares en inversión en diferentes rubros (infraestructura móvil, backbone, cobertura rural, desarrollo de habilidades) para el cierre de la brecha digital.
En particular para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que se requieren cerca de 68 mil millones de dólares para acercar la región a los niveles de conectividad similares al promedio de la OCDE.
Entre los principales retos financieros que deben enfrentar estos operadores se encuentran superar el riesgo inicial de su operación y lograr la madurez de largo plazo para operar una red de Internet; hacer frente a los altos costos de infraestructura pasiva (bajas economías a escala, costos hundidos, alta burocracia); y altos costos operativos.
En ese sentido, se advierte que el impacto de los CCPs depende de factores como el aprovechamiento de los activos de la comunidad para reducir el costo de despliegue; la optimización del modelo operativo acorde al contexto; y la priorización de la sustentabilidad financiera y alineamiento de las expectativas financieras.
Para lograr el éxito de este tipo de proveedores, el informe destaca la importancia en la participación de diversos actores, incluyendo gobiernos e inversionistas, así como la creación de regulación y políticas adecuadas que les permita sortear los retos financieros y de despliegue.
Dentro de las recomendaciones realizadas para el ambiente regulatorio, Connect Humanity señala que los CCPs deben ser integrados a las estrategias nacionales de conectividad; se deben simplificar las regulaciones y procedimientos respecto al estado legal de los proveedores; ofrecer opciones de acceso a espectro barato, así como a infraestructura pasiva o compartida; y crear acceso abierto mayorista a redes backhaul o invertir en infraestructura física.
Adicionalmente, para incrementar la participación de inversionistas en la aportación de capital se recomienda ofrecer incentivos fiscales, contribuciones federales (vouchers, subsidios, préstamos); y ofrecer asistencia técnica a lo largo del despliegue de la red.
El estudio se basa en el análisis de 11 casos de uso a través de 10 países, incluyendo B4RN, que se dedica al despliegue de fibra óptica en zonas rurales del Reino Unido; guifi-net en España, que promueve la instalación de infraestructura abierta y neutral; y Rhizomatica en México, que ayuda a comunidades locales en el despliegue de infraestructura.