Derroche y opacidad
Con una iniciativa mediante la cual se propone abrogar la Ley General de Comunicación Social y expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, legisladores federales buscarán dar reversa a la llamada “ley chayote” y evitar el despilfarro del gobierno federal en publicidad oficial.
El senador Samuel García Sepúlveda exhortó a la nueva mayoría de Morena a revertir dicha ley, aprobada en abril pasado por el PRI y sus aliados, por considerar que el gasto en publicidad oficial se ha caracterizado por el derroche y la opacidad.
“De acuerdo con el estudio de la organización Fundar, denominado “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”, en los cuatro primeros años del actual Gobierno Federal y el primer semestre del 2017, el monto de recursos públicos erogados en publicidad oficial asciende a 37 mil 725 millones de pesos”, refirió.
Y agregó: “Además de lo anterior, debe señalarse que la actual administración federal se ha caracterizado por gastar más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el rubro de publicidad oficial. “Entre 2013 y 2016 se registró un sobre ejercicio de 71.86 por ciento más recursos, es decir, se pasó de 21 mil 099 millones de pesos, a 36 mil 261 millones de pesos. El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos en un periodo donde, paralelamente, han existido recortes al presupuesto de sectores como salud o educación”.
El legislador lamentó que el Congreso de la Unión fuera omiso y no tomara en cuenta en la aprobación de la Ley General de Comunicación Social las voces en contra de distintas fuerzas de oposición y la crítica de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, quienes denominaron a dicha legislación como “ley chayote”.
Dijo que las principales omisiones de esta ley y por las que exigen su abrogación es que no detiene el derroche, porque “no establece un tope específico a los gastos en comunicación social; no detiene la discrecionalidad porque no se regula ni prohíben las ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social; no detiene la propaganda personalizada, esto es que no existe regulación de los informes de actividades empleados para hacer propagada personalizada; no empodera al SNA, pues no involucra a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, además, no garantiza su aplicación de manera independiente, ya que queda en manos de la SEGOB y no en manos de una instancia autónoma”.
Recordó que su grupo parlamentario ha señalado que se debe de integrar un organismo autónomo que revise y fiscalice el gasto en publicidad oficial, a fin de que estas funciones no queden en manos de la Secretaría de Gobernación.
Explicó que, en contraste a lo anterior, su propuesta plantea una serie de mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad y el combate a la discrecionalidad. Entre los principales puntos de la ley propuesta, se destacan los siguientes:
Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social. Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta aplicación de la legislación.
Se fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.
Se prohíben expresamente las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.
Se establecen criterios de máxima transparencia en la aplicación del gasto y en la asignación de contratos en materia de comunicación social.
Se establece que no podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 % del presupuesto total destinado a comunicación social.
Se crea un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y administrada por el Instituto.
Se prohíbe la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.
García Sepúlveda consideró que esta ley cumple con los planteamientos que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil esperaban en materia de transparencia, fiscalización y control del gasto en publicidad y comunicación social.