Especialistas en el INACIPE
Aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no es una respuesta seria ante los problemas de criminalidad e impunidad que prevalecen en el país, advierten las conclusiones de la mesa de análisis "Prisión preventiva, ¿remedio contra la impunidad?, celebrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE.
Participaron la líder de procuración e investigación criminal de Provoces/USAID, Gabriela Ortiz; la senadora por el estado de Puebla, Nancy De la Sierra Arámburo; el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gabino González Santos; la investigadora Ariadna Salazar y la especialista en Derecho Penal Bertha Alcalde.
Durante la mesa de debate “Prisión preventiva oficiosa: ¿Remedio contra impunidad?”, los panelistas reflexionaron la poca eficiencia de dicha medida cautelar.
Es necesario analizar con cifras, datos duros, así como evidencia empírica y científica, en qué casos y bajo qué circunstancias se puede recurrir a la prisión preventiva como una forma de contener los mercados delincuenciales, sostuvo Gabriela Ortiz de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
La impunidad, continuó, es una problemática multidimensional. Hay que reiterar que existen delitos graves y no graves. Equivocadamente se ha visto a la prisión preventiva como una terapia intensiva para todos los delitos y no se han analizado las medidas necesarias para contener cada uno en lo particular.
Por su parte la Senadora del Estado de Puebla, Nancy De la Sierra Arámburo explicó que si bien la medida debe ser utilizada de manera excepcional, ella impulsa una iniciativa para que el huachicoleo se integre al catálogo de delitos que merecen en automático la prisión preventiva.
“El robo de hidrocarburos ha provocado en años recientes la pérdida de miles de millones de pesos, el incremento de homicidios dolosos y diversas fugas y explosiones provocadas por las tomas a cargo del crimen organizado que dañan al medio ambiente, requieren fuertes gastos en control de daños, lesionan personas y acaban con vidas humanas. Este delito trae consigo violencia, muerte, desolación y rompe gravemente el tejido social”, argumentó.
Aunado a ello, el secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gabino González Santos aseguró que dicha medida cautelar, como cualquier otra, es obsoleta ante la falta de sentencias condenatorias, como con frecuencia ocurre. “Lo que observamos es que la acusación carece del soporte necesario”.
En su calidad de moderadora, Bertha Alcalde indicó que “el alto grado de impunidad en México ha provocado un ataque por distintos flancos que ponen énfasis en la falta de capacitación de los operadores del mismo sistema”.
Al respecto, la investigadora del INACIPE, Ariadna Salazar acotó que “a la par de las estrategias de prevención del delito y de reinserción de quienes permanecen en centros penitenciarios, es fundamental no dejar de lado la capacitación de servidores públicos, ya que en términos generales el sistema de justicia continúa siendo nuevo y siguen existiendo resistencias por parte de distintos sectores”.